Decenas de ciudadanos exigieron al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega, que comience un proceso administrativo para inhabilitar a Javier Gavito Mohar, director general de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y a otros funcionarios de la vivienda, por entregar más de 60 mil millones de pesos del erario a Sofoles y Sofomes (instituciones privadas que prestan dinero a particulares para la adquisición de casas) para créditos que finalmente se vendieron hasta 50 por ciento más caros a medio millón de personas en el país.

José Humberto Pérez, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, presentó ante la oficialía de partes de la SFP un expediente con más de 10 mil fojas con demandas, estudios periciales e indagatorias sobre los daños causados a más de 100 personas del estado de México.

Con los estudios periciales los jueces detectaron que la sobrevaluación ascendió 50 por ciento respecto del valor real de las viviendas. Tal irregularidad está acreditada y otras en las que magistrados nos dan la razón en la toca 565.

Humberto Pérez, quien junto con decenas de afectados se plantaron en las inmediaciones de la SFP, señalaron que los megafraudes cometidos por las Sofoles y Sofomes afectan a medio millón de personas en los estados de Baja California, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guanajuato, entre otros.

El asunto se ha debatido en el Congreso, donde diputados y senadores han exigido información al gobierno federal por la opacidad en el manejo de los recursos que la SHF entregó a las sociedades financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y de Objeto Múltiple (Sofomes), y por las afectaciones a medio millón de personas.

Además de Gavito, los afectados piden que sean inhabilitados Luis Ignacio Joaquín Torres, director adjunto jurídico y fiduciario de la SHF; Víctor Manuel Borrás, director general de Infonavit; Manuel Pérez, vocal ejecutivo del Fovissste; Ernesto Pérez Navarrete, delegado del Infonavit en el estado de México, y Guillermo Babatz Torres, ex titular de la SHF y actual presidente de la CNBV.

En julio pasado, los diputados Mario Di Costanzo, del PT; David Penchyna, del PRI, y Laura Itzel Castillo, del PRD, entre otros, advirtieron que las transferencias de recursos públicos a Sofoles y Sofomes representan en realidad una operación de rescate financiero similar al del Fondo Bancario de Proteccción al Ahorro (Fobaproa) con la banca.

En entrevista, Humberto Pérez señaló que está documentado que la esposa de Gavito, quien constituyó la Sofol Su Casita, recibió fondos de la SHF, al igual que Metrofinanciera de Monterrey, ING, Crédito y Casa, Bancomer y otras.

Aseveró que se han manifestado contra las irregularidades en el estado de México, pero Enrique Peña Nieto los reprime, pues muchas de las constructoras financiaron su viaje a Europa. Son las mismas que pagaron la candidatura de (Arturo) Montiel y ahora de Peña Nieto.

Denunció que la Procuraduría General de la República integró 90 por ciento de las averiguaciones, pero luego las envió al estado de México, donde el ex procurador Alberto Bazbaz las escondió.