Culiacán, Sin., 11 de noviembre. La empresa Coppel incurre en esclavismo al encerrar a sus trabajadores durante las jornadas nocturnas, como ocurrió con las seis empleadas que murieron en el incendio ocurrido en una las tiendas de esa empresa, afirmó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que investigará el caso.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otras autoridades que realicen pesquisas deberán actuar con transparencia para que a la hora de sancionar no vayan a pesar los apellidos.

Durante una gira de trabajo por la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, donde firmó convenios con organizaciones no gubernamentales, agregó que la ley debe aplicarse por igual a todos, sobre todo si violarla causa muertes.

La familia Coppel, originaria de Culiacán, es una de las más poderosas de Sinaloa y su empresa es de las que tienen mayor presencia en el país. En el estado es público su respaldo económico y moral a los candidatos y gobiernos surgidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la campaña presidencial de 2006 ordenaron a sus 25 mil empleados rechazar a Andrés Manuel López Obrador y votar por Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Nuestro México necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, con visión internacional y global, que vea al futuro, no un presidente de país subdesarrollado tipo (Fidel) Castro, de Cuba, o (Hugo) Chávez, de Venezuela, que ven al pasado, como sería el del PRD, dice la carta enviada en aquel entonces a los trabajadores, firmada por Enrique Coppel Luken, uno de los dueños de la cadena.

Mientras, la Unidad de Protección a Víctimas del Delito de la PGJE comenzó a ofrecer asesoría legal, sicológica y cobertura de gastos funerarios a las familias de las seis jóvenes empleadas de Coppel que murieron asfixiadas en la tienda ubicada en el centro de Culiacán.

Cuando se originó la conflagración, a las 21:50 horas del martes, ellas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde puertas y ventanas estaban cerradas con cortinas de acero y candados.

Empleados de la PGJE, que inició hoy una averiguación previa por homicidio, informaron que la dependencia cubrirá los gastos funerarios si la empresa no responde.

Adán López, padre de Ariana López Soto, una de las víctimas, señaló que directivos de Coppel le ofrecieron apoyo, pero advirtió que aun si aceptara no descarta demandar a la compañía por homicidio.

Manuel García Félix, director comercial de Coppel, reconoció que las seis trabajadoras estaban encerradas, pero aseguró que sí había una salida de emergencia. Cada aspecto del incendio, agregó, deberá indagarse y reconstruirse.

Rafael Avante, director general de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, sostuvo que no existe ley que permita a los empresarios privar de la libertad a sus trabajadores, por lo que se sancionará a los responsables en caso de comprobarse que hubo irregularidades.