El éxodo de pobladores de pequeños municipios del norte del país, que se han desplazado ante las amenazas hechas por miembros de Los Zetas, ya impactó al menos en seis estados, aseguró el criminólogo Martín Barrón, al tiempo que organizaciones de defensa de derechos humanos advirtieron que esta es una muestra más del fracaso de la estrategia oficial de seguridad.

Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), reveló en entrevista telefónica con La Jornada que “la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, provocará que Los Zetas incrementen su acecho en cerca de 250 municipios de entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Veracruz y San Luis Potosí”.

Según el especialista, la primera reacción de los pobladores es abandonar sus domicilios ante el clima de temor e inseguridad pública que se respira en los municipios de no más de mil habitantes, y afirmó que durante su trabajo académico en varias entidades ha documentado que existe una atmósfera de miedo que está afectando la esfera sicológica y puede tener un impacto social insospechado.

En su edición de anteayer, este diario informó que en Ciudad Mier, uno de los municipios que integran la llamada frontera chica en Tamaulipas, más de 200 familias han abandonado esa comunidad tras la muerte de Tony Tormenta, luego de que Los Zetas les advirtieron que debían salir de la zona o serían arrasados, al igual que sus viviendas.

Por su parte, la coordinadora del área de defensa integral, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Jacqueline Sáenz, dijo temer que el éxodo provoque un fenómeno de desarraigo, con graves efectos sobre los derechos de la gente al trabajo y la vivienda.

La activista aseveró que el abandono de las ciudades de Tamaulipas es una más de las consecuencias de la guerra frontal declarada por el presidente Felipe Calderón hace cuatro años, sin ningún resultado positivo, lo cual ya ha comenzado a provocar una especie de refugiados internos.

Abundó: Parece que ya nos encontramos en un estado de guerra, en el que el Estado mexicano se quedó sin capacidad de respuesta. Es difícil saber hasta dónde vamos a llegar, porque ante cada masacre, la respuesta del Ejecutivo es que hay que continuar por el mismo camino, en vez de crear planes integrales y efectivos.

De su lado, José Luis Piñeyro, especialista en temas de seguridad nacional, señaló que los éxodos ya han ocurrido en otras partes de la República, como Nuevo León, Chihuahua, Baja California y en las mismas ciudades de Tamaulipas, donde el crimen organizado amenaza a las personas para que se vayan, con el fin de adueñarse de sus propiedades.

Dijo que a partir de que el gobierno decidió combatir al crimen organizado no se han visto resultados favorables y “todo indica que siguen con la estrategia represiva, coercitiva, de querer arrestar a narcomenudistas, confiscando drogas, armas, pero no se ve que haya algún cambio”.

Con información de Fernando Camacho y César Arellano