Con la finalidad de desactivar el escándalo generado por la denuncia sobre los presuntos actos de corrupción en las compras de medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayer Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), negó tener participación alguna en hechos ilícitos.

Reconoció que su voz se escucha en las conversaciones telefónicas dadas a conocer en noticiero televisivo y que con su interlocutor, Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos del Laboratorio Novartis, habló sobre una licitación del Seguro Social, cuyas bases iban a ser publicadas ayer jueves; pero aclaró: se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de la distribución.

Además de puntualizar que en dichas comunicaciones no participó ningún funcionario del Seguro Social, Abelleyra sólo agrega que la llamada –interceptada ilegalmente– fue sacada del contexto original y realizada a título personal; es decir, sin relación con sus actividades profesionales en el laboratorio Stendhal.

Esta firma informó ayer que por decisión de su consejo de administración, Abelleyra Cordero fue separado temporalmente de su cargo como presidente ejecutivo, el cual había asumido hace cuatro meses. Asimismo, Alejandro Kuri, encargado de Asuntos Públicos, dejó el cargo en la empresa a fin de que puedan colaborar con las autoridades y hacer uso de sus derecho en las instancias que consideren pertinentes.

Stendhal afirmó que las actividades de negocios, en las cuales están involucrados Abelleyra y Kuri no tienen ningún vínculo comercial con la empresa.

En el IMSS se mantuvo hermetismo. No se explicó ni siquiera la razón por la que a pesar de que desde el miércoles se sabía que ningún funcionario del instituto había participado en las conversaciones telefónicas difundidas, el director Daniel Karam esperó hasta ayer para aclararlo.

Trascendió que la salida a la denuncia de presuntos actos de corrupción en su interior se planteará como un asunto entre particulares en los que el instituto no tiene nada que ver.

Y es que la intención original de las grabaciones telefónicas era descubrir los supuestos malos manejos de uno de los ejecutivos participantes (Carlos Abelleyra o Rafael Castro) y sus presuntas actividades irregulares con el IMSS y con la Secretaría de Salud, en particular con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, afloraron las llamadas presentadas en la televisión, donde se menciona a César (Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS) que ayer jueves iba a publicar una licitación de la que en apariencia sólo tenía conocimiento Abelleyra, quien avisaba a Rafael Castro sobre esto y que el concurso sería estatal, específica para eso.

Luego se refirieron a porcentajes, que, se presume, eran la comisión que pagaría el laboratorio beneficiado con el contrato, pero que Abelleyra explicó que eran por concepto de distribución.

En el comunicado que el empresario difundió ayer subrayó que en los 27 años que tiene de experiencia en la industria farmacéutica ha ocupado cargos de alta dirección y gremiales en empresas nacionales y extranjeras, además de la presidencia de Canifarma.

En ese tiempo, indicó, he hecho de la integridad y apego a la ley mi forma habitual de conducta; de ello pueden dar fe mi historial y mis logros. Dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades para investigar y esclarecer el origen ilegal de las grabaciones, por una invasión ilegal a mi privacidad, así como el contenido de la plática entre dos particulares.