Madrid, 12 de noviembre. El líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, en prisión desde octubre de 2009, reiteró hoy ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española, en el alegato final del nuevo juicio en su contra, que su apuesta es por las vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político y abogamos por un proceso de soluciones democráticas confluyente.

El juicio contra el dirigente independentista vasco quedó visto para sentencia, después de que testificaron el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y el periodista Gorka Landaburu, quien sufrió un atentado de ETA.

Ambos reconocieron que media España y media Euskadi conocían la intención y el contenido del encuentro del Velódromo de Anoeta, por el que es procesado Otegi y otros dos miembros de la ilegalizada Batasuna.

El presidente del tribunal, el magistrado Fernando García de Nicolás, cerró la vista oral después de escuchar, como último episodio, el alegato final de Otegi, quien habló en nombre de los otros dos imputados, Joseba Álvarez y Joseba Permanch.

García Nicolás, quien durante toda la audiencia interrumpió constantemente las preguntas y las declaraciones de los imputados, también interpeló las palabras finales del detenido, pero al menos le dejo exponer sus impresiones sobre los hechos que se juzgaban.

Otegi explicó, de nuevo, que en el acto de la izquierda abertzale en Anoeta, en octubre de 2004, se presentó una propuesta de carácter político que apostaba por la vía pacífica para la resolución del conflicto en el País Vasco.

Volvió a exponer que el contenido de la declaración era público e incluso se debatió en los medios de comunicación y entre los partidos políticos.

Al igual que los imputados, los testigos de la defensa, Eguiguren y Landaburu, confirmaron que no sólo era pública la propuesta política que Batasuna presentaría en el acto del Velódromo de Anoeta, sino que se difundió con antelación ante los medios.

Fuera del juicio, desde la sede del Ejecutivo español, el vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que quienes quisieran saber sobre aquel acto sólo tenían que haber leído la prensa, pues en todos lo medios se hizo un amplio eco del acto.

Otegi lamentó que tantos años de confrontación han levantado un muro de sordera a todo cuanto dice o expresa la izquierda abertzale, que entonces como ahora apuesta por las vías pacíficas y democráticas para la resolución del conflicto.

Precisamente el hecho por el que son procesados los tres líderes vascos sirvió de base para activar el fallido proceso de paz posterior y como preámbulo a la tregua decretada por ETA.

Las defensas de Otegi, Permach y Álvarez piden la absolución de los acusados, pero en caso de ser condenados exigieron que les aplique el atenuante de dilación indebida del proceso, ya que los hechos se remontan a 2004.

La abogada de los acusados, Jone Goirizelaia, expuso que a los tres imputados los acusan por lo que son, no por lo que han hecho, pues estamos en el Derecho Penal de Autor.

La fiscalía mantuvo su petición de 18 meses de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para los tres imputados, mientras que la acusación popular, de la asociación conservadora del Foro de Ermua, rebajó la petición inicial de cinco años a dos.