Al menos 5 mil ranchos que se localizan en municipios del centro de Tamaulipas han sido abandonados por sus propietarios en los pasados cinco meses a causa de las amenazas y violencia que han ejercido integrantes de Los Zetas, revelaron funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De acuerdo con la información obtenida, las propiedades son utilizadas como campamentos por grupos al servicio del crimen organizado y el ganado existente es vendido para obtener recursos o sacrificado para alimentar a los sicarios.

Desde noviembre de 2009, investigaciones del gobierno federal detectaron que integrantes de Los Zetas que operaban en la zona de Ciudad Victoria, Madero, Xicoténcatl, Güemes, Padilla, Jaumave, Soto la Marina, Llera y Aldama, entre otros municipios, secuestran a los propietarios de bienes inmuebles y además de solicitar dinero a sus familiares para que las víctimas sean liberadas, obligan a los secuestrados a firmar ante notarios públicos la cesión derechos a su favor.

Muestra de ello fue el inicio de la averiguación previa PGR/SIEDO-/UEIDCS/ 217/2009, en la cual se investiga a diversos fedatarios por aceptar las cesiones de derechos, a pesar de que no existen registros de pagos o transferencias de dinero que garantizaran esas transacciones.

Sin embargo, ante la confrontación que existe desde diciembre de 2009 entre los grupos de sicarios de los cárteles del Golfo y Los Zetas (que antes eran socios en la zona), los hombres dirigidos por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y que forman parte de Los Zetas, han obligado a los propietarios de los ranchos de la zona a abandonar sus propiedades, cultivos y todo su ganado, para evitar ser asesinados.

Los 5 mil ranchos que calcula el gobierno federal que se encuentran en supuesto abandono, pero que en realidad están en manos de los sicarios, han sido utilizados ahora como narcocampamentos o centros de entrenamiento.

Los sicarios se desplazan en camionetas que, según los datos proporcionados, en su mayoría han sido robadas, y en ellas transportan alimentos, camastros y armas.

Quienes no han sido desposeídos tienen que pagar derechos de piso por el usufructo de sus tierras y cultivos, el uso de maquinaria, y también por la posesión del ganado, señalaron los funcionarios consultados.

Asimismo, de acuerdo con la información obtenida del Cisen, más de mil 500 familias han abandonado sus municipios en días recientes a causa de amenazas o la violencia que han desatado grupos criminales tras la muerte de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta, quien fue abatido a tiros por la Secretaría de Marina el pasado 5 de noviembre en Matamoros.

Por otra parte, tres presuntos sicarios murieron la anoche del jueves durante un enfrentamiento en el municipio de Santander Jiménez, que se localiza entre las ciudades de San Fernando y Ciudad Victoria.

En los municipios del centro del estado hubo sobrevuelos de reconocimiento por parte de la fuerza aérea, así como patrullajes de Ejército, Marina y Policía Federal.