El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado analizar el caso de la matanza de Acteal es un revés contra quienes afirmaron que lo ocurrido fue un simple enfrentamiento entre comunidades, y un signo positivo en la búsqueda de justicia, señalaron activistas consultados por La Jornada.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, subrayó que la decisión del organismo internacional representa una buena noticia por sí misma, tras agotarse los recursos en todas las instancias judiciales del país.

La falta de acceso a un debido proceso legal y la impunidad que aún imperan en México se corroboraron con la liberación paulatina de varios de los encarcelados por su participación en la masacre, donde fueron ultimados 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997, por paramilitares.

Esto es un revés para todos aquellos que descalificaron las acusaciones contra los responsables de la matanza, quienes trataron de desvirtuar el proceso al decir que se trataba simplemente de un conflicto intercomunitario, y que no había ninguna responsabilidad del Estado por ello, afirmó.

Durante el proceso de análisis del caso, la CIDH valorará si la actuación del gobierno federal fue adecuada y, en caso de que lo considere pertinente, enviará el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya ha dado fallos negativos contra el Estado mexicano.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que la decisión de la CIDH es una señal positiva, en tanto pone de relieve el contexto de impunidad y falta de justicia en el país.

Al igual que Miguel Concha, Arriaga destacó que la llegada del caso de Acteal al sistema interamericano simboliza también el mal funcionamiento del sistema judicial mexicano, cuyos organismos fueron incapaces de brindar resultados satisfactorios para las víctimas y sus familiares. Lo ocurrido en la localidad chiapaneca hace 13 años, puntualizó, demuestra que el gobierno nacional no ha sido capaz de garantizar los derechos más elementales a sus ciudadanos, sobre todo los que tienen que ver con la protección de su vida y el acceso a la justicia.