Durante el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo –realizado en México en la semana que concluye–, representantes de 140 países se comprometieron a impulsar programas nacionales y regionales en favor de los grupos vulnerables y, en consecuencia, no usar las deportaciones como mecanismo inmediato en detrimento de los indocumentados.

El Banco Mundial (BM) y las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vinculadas con esta materia informaron que existen 215 millones de migrantes, 3 por ciento de la población del planeta.

De esas personas, se calcula que entre 24 y 36 millones (de 11 a 17 por ciento del total) son indocumentados; 16 millones refugiados y asilados (7.4 por ciento) y poco más de 30 millones son menores de 20 años (14 por ciento).

El principal factor de esta movilidad es el económico (falta de oportunidades en el lugar de origen), de ahí que al cierre de este año las remesas desde los países desarrollados se ubicarán en 325 mil millones de dólares, esto es, una recuperación de 6 por ciento respecto al año anterior.

Estados Unidos continúa como el principal país receptor de migrantes, seguido por Rusia, Alemania, Arabia Saudita y Canadá.

México aún es el principal expulsor, con 11.6 millones de personas, previsión del BM para el cierre de 2010. Le siguen India, con 11.4; Rusia, con 11.1; Chi-na, con 8.3; Ucrania, con 6.6, y Bangladesh, con 5.4 millones.

Contra la penalización de menores

La migración de niños y jóvenes alerta de manera especial a los diseñadores de políticas públicas.

En el foro mundial, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que los menores deben ser atendidos en un marco especial y no deben ser penalizados. Aunque los resultados del cónclave no son obligatorios para los estados, la migración irregular y las consecuencias del traslado de menores, especialmente los no acompañados, fueron temas prioritarios en el análisis y las conclusiones.

“En los flujos migratorios hay cada vez una presencia mayor de niños y adolescentes, asunto que en el pasado no ocurría (…) Los niños tienen derecho a protección especial, independientemente de su estatus migratorio. No deben ser penalizados”, señaló Susana Sottoli, representante de Unicef en México.

Si a escala mundial el rango de migración de menores de 20 años es de alrededor de 14 por ciento de la movilidad general, en América Latina el porcentaje es tres puntos mayor.

En México –se puntualizó en el encuentro internacional– el panorama es especialmente adverso para los grupos vulnerables, por las condiciones de inseguridad que enfrentan en su tránsito y por el crecimiento de bandas dedicadas al tráfico y a la trata de personas.

En 2008, Estados Unidos deportó a 526 mil mexicanos, de los cuales 30 mil eran menores de edad y, a su vez, 3 mil 351 tenían 11 años o menos.

Las cifras han disminuido en la última década (en 2001 repatriaron a 791 mil connacionales, de los que 63 mil eran menores). Sin embargo, el rango es aún alto.

En 2009 fueron deportados 601 mil mexicanos, de los que 26 mil fueron menores: 2 mil 498 de cero a 11 años de edad y el resto de entre 12 y 17.

Un estudio reciente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) precisa, por ejemplo, que de los menores de edad no acompañados por sus padres detenidos en el puerto de entrada de San Ysidro, California, en 2008, siete eran bebés de menos de un año, aunque el grueso de menores migrantes se concentra en la franja de 12 a 17 años.

Una investigación aplicada a 24 menores revela lo expuesto por la ONU: la mayoría manifestó que sus familiares o ellos migraron porque no tenían trabajo, no tenían para comer o por la falta de tierra.

Sólo cinco de esos 24 menores vivían con su familia nuclear antes de dejar el país.

Además, existen casos muy difíciles, como el de un niño (citado por el estudio de la Sedeso) cuyos progenitores se separaron –su padre se fue de casa y su mamá migró–, su abuela murió y al final quedó bajo la tutela de un tío lejano.

Los menores migrantes deben ser protegidos con mecanismos que los reconozcan, y, para los que se quedan (tras el desmembramiento familiar a causa de la migración), los gobiernos deben brindar ayuda a los familiares que se hacen cargo de los niños y jóvenes en desamparo, agregó la representante de Unicef.