La Unión Campesina Independiente (UCI) demandó el fin de los ataques que ha sufrido desde hace más de 25 años por la organización priísta Antorcha Campesina, y anunció que si las autoridades mexicanas no intervienen en su defensa, podrían recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fundada en 1983, la UCI reúne a agricultores indígenas nahuas del municipio de Huitzilán de Serdán, norte del estado de Puebla, y se formó para explotar unas mil 200 hectáreas que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) expropió en ese entonces, y que estaban en manos de caciques locales, explicó en entrevista Bartolomé Melchi, uno de los dirigentes de la organización.

Sin embargo, desde que se iniciaron las actividades de la UCI, Antorcha Campesina ha emprendido una labor de intimidación y violencia en su contra, que ha dejado más de 150 activistas asesinados –a veces familias completas– y cientos de personas desplazadas de su comunidad de origen, añadió.

Deseo de exterminio

El grupo priísta ha acusado a los militantes independientes de una gran cantidad de delitos falsos, entre ellos pertenecer a grupos armados subversivos, lo que ha ocasionado que varios hayan sido encarcelados, entre quienes figura el propio Melchi.

Varios han caído en prisión, pero también han ido saliendo gracias al apoyo de las organizaciones sociales, aunque todavía siguen dentro nueve de nuestros compañeros, quienes ya podrían alcanzar el beneficio de la preliberación, señaló Melchi.

Antorcha y otros grupos paramilitares quieren exterminar a los colectivos de izquierda y ello nos preocupa. Es vergonzoso, porque hemos acudido a todas las instancias para solicitar su intervención, pero no hemos encontrado ni una gota de justicia, dijo.

La UCI tiene nombres y apellidos de quienes han instrumentado la represión contra el proyecto autónomo de los campesinos poblanos, pero nunca se ha hecho nada, y si denunciamos, empiezan de nuevo las amenazas, los ataques y la fabricación de delitos.

Aunque seguirán denunciando los ataques de Antorcha Campesina ante las instituciones judiciales del país, los activistas no descartan interponer a corto plazo una denuncia contra el Estado mexicano en foros internacionales, como la CIDH, por la falta de acción de las autoridades para detener y juzgar a los autores de las agresiones.