La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que proceda la orden de aprehensión en contra del líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia por la presunta disposición ilegal de diversas cuentas bancarias a la que fueron transferidos 55 millones de dólares en 2004, como parte de un fideicomiso integrado por más de 10 mil trabajadores del gremio que encabeza.

Al negarle ayer un amparo (152/2010) a Gómez Urrutia en el que alegaba la inconstitucionalidad de los artículos 113 bis y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito –en los que se basó la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la orden de aprehensión en su contra–, los ministros de la segunda sala de la SCJN allanaron el camino para que un tribunal colegiado confirme la acción legal en contra del líder sindical, la cual fue impugnada en el año 2008.

Por unanimidad, validaron lo establecido en los artículos impugnados que castigan a quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier manera disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, se les aplicará una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de 500 a 30 mil días de salario mínimo.

Además, la ley señala que se procederá penalmente a petición de la institución de crédito que se trate, o de quien tenga interés jurídico.

La defensa legal de Gómez Urrutia alegaba que los artículos referidos violaban la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley penal, con el argumento de que el elemento normativo debida es un término vago y ambiguo, que no remite siquiera a una ley fácilmente identificable; mientras que el otro artículo también es vago, porque no precisa quiénes tienen interés jurídico para solicitar la intervención del Ministerio Público.

Cabe señalar que hace unas semanas, Gómez Urrutia se desistió ante la Corte de su recurso de amparo; sin embargo, los integrantes de la segunda sala presentes (Fernando Franco, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar) desecharon la petición y resolvieron el recurso.

La PGR acusó a Gómez Urrutia de un delito financiero grave, al haber dispuesto ilícitamente de los 55 millones de dólares que formaban parte del fideicomiso minero, mediante la transferencia ilegal, en 2004, de diversas cuentas bancarias en las que estaban depositados los recursos pertenecientes a los trabajadores del gremio.

De ratificarse la orden de aprehensión, las autoridades mexicanas estarían en condiciones de iniciar ante el gobierno de Canadá un procedimiento de extradición en contra del acusado, quien vive en ese país desde hace más de dos años.

Como parte del proceso en contra de Gómez Urrutia, en 2008 la juez Silvia Carrasco concedió la orden para capturar a Gómez Urrutia y a los integrantes del gremio Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, José Rocha Pérez y Gregorio Pérez Romo.

En su fallo, la juzgadora negó conceder órdenes de aprehensión contra los funcionarios del banco Scotiabank Alejandro de Anda Arriaga y Felipe Alberto López.

En 2006, siendo presidente Vicente Fox, dos jueces federales se negaron a obsequiar órdenes de captura contra Gómez Urrutia, acusado entonces de lavado de dinero.