s la historia de siempre. En la vieja Europa periódicamente los gobiernos en turno se encuentran obligados a aplicar decretos legislativos de regularización de los miles de migrantes sin papeles. Además de ser el indicio más concreto de la inutilidad de las políticas represivas de las corrientes migrantes que surcan el planeta Tierra, ya que éstas, con o sin papeles, nunca paran, las regularizaciones son también el instrumento –uno más– para el control del inmenso contingente de migrantes indocumentados que vive en los países de destino.

Por un lado demuestran que la real politik es más fuerte que cualquier retórica de tinte más o menos racista. Cuando el número de los sin papeles rebasa el límite –arbitrariamente fijado por las necesidades económicas de grandes y pequeñas empresas–, las leyes de regularización intervienen para poner orden, ya sea otorgando los documentos para regular la estancia, ya sea expulsando a los que sobran. Por otro lado, las regularizaciones se convierten en instrumento en mano del Estado para seleccionar, discriminar y controlar. Y en esta faceta, las regularizaciones se convierten en una lotería, en la cual se rompen los lazos solidarios entre las comunidades migrantes, ya que cada quien juega por su propio destino, con la esperanza de estar entre los elegidos.

El año pasado, embestido por la necesidad concreta de disponer de mano de obra barata en el rubro de la asistencia a ancianos y enfermos, el gobierno italiano promovió como parte del racista y feroz paquete de leyes de reforma a la normativa migratoria, una sanatoria, es decir, abrió un acceso para que se pudieran regularizar las 300 mil colaboradoras familiares, asépticamente llamadas colf. Ahí estaba, pues, la puerta para que un migrante sin papeles pudiera conseguirlos y, finalmente, salir de la clandestinidad.

Como siempre sucede, acudieron cientos de miles al concurso para ganar un permiso de regular estancia. Tras pagar hasta 500 euros, llenar papeles, conseguir asesorías, los migrantes indocumentados entregaron las peticiones. Y esperaron. Pocos meses después, salieron las listas de los aprobados. Los demás, ya que la regularización no es otra cosa que una autodenuncia, pasaron de ser sin papeles a potenciales expulsados. La ya imposible vida del sin documentos se convirtió en la vida del perseguido.

Y sin embargo, la máquina gubernamental comenzó súbitamente a rechinar y luego se rompió. Y para que la máquina se rompiera fue necesaria la dignidad de los ciudadanos migrantes. Resulta que poco después de anunciada la lista de los ganadores de la regularización, cientos de migrantes en la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, cerca de Milán, ocuparon la plaza frente al palacio municipal y construyeron un presidio permanente para exigir una mesa de diálogo que permitiera alcanzar un acuerdo de regularización para los excluidos del proceso de sanatoria.

Pasaron 37 días en ese plantón. Y luego intervino la policía y los desalojó. La provincia de Brescia, empero, es la que cuenta con el mayor número de extranjeros en Italia. Los migrantes, en esta parte del país –y no sólo allí– son parte integrada a la sociedad. A pesar de la retórica racista de quien gobierna, los migrantes aquí son ciudadanos de facto, que trabajan, producen, enriquecen las cajas públicas pagando sus impuestos, rescatan de la crisis permanente al Instituto Nacional de Previsión Social, hacen hijos que llenan los vacíos poblacionales dejados por las poco fecundas familias italianas, envían remesas.

Los migrantes en Italia hoy son una realidad. Son casi 5 millones (7 por ciento de la población de la península), tienen al menos 600 mil hijos nacidos en territorio italiano (los mal llamados migrantes de segunda generación), producen poco más de 10 por ciento del producto interno bruto. Son rumanos, albaneses o marroquíes en su mayoría. Existen, pues. La realidad habla de integración que, frente a las injusticias, se declina en dignidad.

Así las cosas, tras el desalojo del plantón de Brescia, el 31 de octubre pasado, seis migrantes subieron a una grúa instalada en el centro de la ciudad y de ahí gritaron: No nos vamos a bajar, pase lo que pase, sin que el gobierno acceda a establecer una mesa de diálogo. Sus demandas: regularización para todos los que la demandaron y retiro del delito de clandestinidad, mismo que condena a miles de seres humanos al destino indocumentado.

Son Arun, de 24 años, paquistaní, con estudios de secundaria, gana en promedio 500 euros mensuales; Jimi, egipcio de 25 años, terminó el bachillerato y es obrero metalúrgico con un sueldo de 650 euros mensuales; Rachid, de 35 años, procedente de Marruecos, es repartidor de volantes y gana 450 euros por mes; Sajad, 27 años, de Paquistán, tiene título universitario y maestría en lenguas y no tiene trabajo; Singh, de 26 años, procede de India y tiene varios trabajos precarios; Pape viene de Senegal, tiene 24 años y llegó a Italia a bordo de un pequeño barco que cruzó el Mediterráneo.

Son hoy el icono de la dignidad migrante. No bajarán hasta tener respuestas definitivas por parte del gobierno. Y lanzan una apelación al presidente de la república italiana, Giorgio Napolitano: Hoy vivimos aquí y tú eres también nuestro presidente. Eres una persona buena y el único, en el espectro político italiano, que no está sometido a las lógicas electorales. ¡Ayúdanos!

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