El presidente Felipe Calderón envió ayer a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma por la que se permitiría al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) disponer del personal que realiza servicios administrativos y profesionales para integrarlo al combate al crimen organizado.

La reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas de ambos institutos armados tiene como propósito aumentar el número de efectivos militares que puedan hacer frente a situaciones de emergencia, según se indica en la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo federal.

Señala que la intención es permitir que el titular de la Sedena pueda reclasificar de manera rápida al personal de servicios –médicos cirujanos, dentistas, veterinarios, ingenieros, arquitectos, meteorólogos, y contadores públicos, entre otros– a la clase de armas, es decir, a tareas militares.

La iniciativa fue turnada ayer a la Comisión de Defensa del Senado, y provocó preocupación entre los legisladores.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, manifestó que comenzó a analizarla a fondo, aunque de entrada consideró muy delicado que el Ejecutivo pretenda “echar mano de médicos o ingenieros para mandarlos a patrullar las calles en Ciudad Juárez o a que participen en operativos para atrapar narcotraficantes”.

Sostuvo que esa iniciativa significa que el Ejército requiere cada vez de más militares para hacer frente a las tareas policiacas que Calderón le ha impuesto, y por eso se pretende disponer hasta de médicos para que tomen las armas y enfrenten a las bandas criminales.

En la iniciativa, Calderón sostiene que la Sedena debe establecer acciones concretas y viables a corto y largo plazo, para disponer de tropas preparadas profesionalmente, mejor adiestradas, con alta moral y sólido espíritu de cuerpo, que permitan incrementar operatividad, eficiencia y optimizar la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas.

Asegura que con esos cambios el Ejército estará en condiciones de proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Explica que instaura un mecanismo jurídico expedito para que personal militar en activo sea reclasificado de servicio a arma, con la finalidad de que desempeñe tareas específicas que demandan alto grado de especialización. Con lo anterior se lograría un importante ahorro en tiempo y recursos de capacitación, toda vez que el personal de servicio cuenta ya con formación militar.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo aclara que la reforma no tendrá impacto presupuestal, ya que las erogaciones que deriven de su aplicación se cubrirán mediante movimientos compensados y la Sedena no pedirá una ampliación presupuestal.

De acuerdo con las propuestas para modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el titular de la Sedena será responsable de reclasificar al personal de servicios que pasaría a combatir al crimen organizado.

Se prevé que la reclasificación podría ser por concurso, para lo cual el personal interesado deberá cubrir los requisitos que se determinen en la convocatoria respectiva, con el propósito de cubrir las vacantes en el Ejército y la Fuerza Aérea.

En la iniciativa Calderón también propone considerar como causa de baja del Ejército la rescisión del contrato de enganche, es decir, del documento en que se establece la relación jurídica administrativa entre la Sedena y el aspirante al alta en el instituto armado.