El Estado mexicano ha aplicado una política de simulación en materia de derechos de las mujeres, mediante la cual asume posturas de avanzada hacia el exterior, pero fronteras adentro reproduce condiciones de violencia y discriminación, coincidieron las asistentes al segundo Encuentro Nacional ¿Cumple México con la CEDAW?

Organizado por diversos grupos feministas, el cónclave se propone analizar la respuesta del gobierno nacional a las observaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Postura repetida

La instancia, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), monitorea el trabajo de los países miembros para erradicar cualquier forma de violencia de género o discriminación contra las mujeres, así como garantizar la educación sexual y reproductiva de éstas.

Las participantes del encuentro comentaron el séptimo y octavo informes que México entregó al comité de expertas de la CEDAW, como parte de los compromisos internacionales de rendición de cuentas.

En la primera parte del foro, Andrea Medina, de la Red Mesa de Ciudad Juárez, sintetizó una postura repetida durante las intervenciones de sus colegas: el gobierno mexicano solamente se ha dedicado a simular que cumple con los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres, enarbolando un discurso progresista que no corresponde con la realidad del país.

Si bien es cierto que la presión de la sociedad civil ha obligado a las autoridades a incorporar el tema en sus políticas públicas, a dar cuentas e incluso a dedicar un presupuesto para fomentar la perspectiva de género, México sigue sin mostrar compromiso real con los derechos de las mujeres, al grado tal que parece no entender la diferencia entre conceptos básicos como equidad e igualdad, dijeron.

Las académicas y activistas participantes en el encuentro realizaron un estudio en particular sobre Chihuahua y Sinaloa, dos de las entidades que presentan un mayor índice de violencia de género, y donde los gobiernos han mostrado un comportamiento inferior a sus obligaciones.

Por su parte, Gloria Ramírez, directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que tan sólo entre 2000 y 2010 se registraron al menos 200 recomendaciones de organismos civiles relativas a violaciones contra los derechos de las mujeres; sin embargo, afirmó que las autoridades han mantenido una actitud omisa y opaca, que fomenta el crecimiento de la impunidad.

Julia del Carmen Chávez, del Centro de Estudios de la Mujer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que México se ha retrasado cada vez más en la entrega de sus informes a la CEDAW, en los que además, se incluyen datos puramente formales, sin alguna correspondencia con la realidad.