n los meses recientes ha quedado de manifiesto el amplio rechazo que suscita en la porción joven de Ciudad Juárez, Chihuahua, la estrategia de seguridad pública que lleva a cabo el gobierno federal –con apoyo del estatal y el municipal– en esa localidad. Muestra de ello son las movilizaciones desarrolladas por organizaciones estudiantiles y sociales, integradas mayoritariamente por jóvenes, en contra de la militarización y la muerte en esa urbe fronteriza, una de las cuales tuvo lugar ayer, con réplicas en otras ciudades del país.

El rechazo de la juventud juarense a la estrategia calderonista tiene como telón de fondo la desorbitada violencia en esa ciudad, que ha supuesto para el conjunto de sus habitantes una alteración mayúscula en las perspectivas de una vida íntegra y, para los jóvenes de la localidad, una amenaza constante. De acuerdo con cifras del Frente Nacional Contra la Represión, de los más de 7 mil homicidios contabilizados en esa urbe de 2008 a la fecha, más de la mitad fueron cometidos en contra de muchachos y muchachas. En la mayor parte de los casos, los gobiernos federal, estatal y municipal han abdicado de su responsabilidad básica de esclarecer y procurar justicia, han relacionado en no pocas ocasiones a las víctimas con los grupos de delincuentes –como si con ese argumento se justificaran los asesinatos– y han otorgado así una patente de impunidad para los responsables, de manera similar a como ha ocurrido desde hace dos décadas con los llamados feminicidios en esa misma ciudad.

El evidente riesgo que corren los jóvenes como resultado de los enfrentamientos entre grupos delictivos, o entre éstos y los efectivos de las fuerzas públicas, debería ser motivo suficiente para que el gobierno atendiera las demandas de la sociedad juarense y emprendiera un viraje en la fallida estrategia de seguridad que desarrolla en ése y otros puntos del país. Pero en el momento presente hay que sumar a esos elementos la criminalización y la represión ejercida por las fuerzas federales a las expresiones de protesta social. Cabe recordar el episodio de hace tres semanas, cuando elementos de la Policía Federal (PF) agredieron una marcha pacífica e hirieron de gravedad al estudiante universitario Darío Álvarez Orrantía.

Ahora, como si hicieran falta elementos para complicar el panorama, las autoridades estatales han afirmado que el Ejército volverá a patrullar Ciudad Juárez, y ello no sólo representaría un retroceso en una decisión tomada por el gobierno federal desde enero pasado –sacar a los militares de las calles de esa ciudad y entregar el control a la PF–, sino que constituiría una provocación a la población de esa urbe, que ha expresado en distintas formas su repudio a la presencia de efectivos federales. La eventual concreción de esa posibilidad difícilmente pondrá fin a la violencia que se desarrolla en la martirizada localidad fronteriza; en cambio, hará manifiesta la insensibilidad y la sordera de las autoridades a los reclamos de la población; minará, con ello, un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia de seguridad –el consenso de la ciudadanía–, e introducirá una amenaza adicional para las garantías de los juarenses, empezando por los jóvenes.

Nadie puede negar que se debe combatir la ilegalidad, y es meridianamente claro que en Ciudad Juárez tiene lugar un quebranto mayúsculo al estado de derecho. Pero la preservación de la actual estrategia es un multiplicador de la vulnerabilidad y el riesgo para la porción joven de la población –otro es la falta de oportunidades de empleo, desarrollo, educación y salud–, y ello hace urgente un viraje y un replanteamiento en las estrategias que privilegie, en ése y en otros puntos del territorio, la preservación de la seguridad y la vida.