Sin mencionar los elevados salarios que tienen (de casi 150 mil pesos mensuales en términos brutos), ni el doble aguinaldo que perciben y mucho menos el fondo de retiro que pretenden crear para su beneficio, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Raúl Armida, se reunió ayer con diputados locales y pidió que entiendan la difícil situación económica que enfrentan y les asignen un presupuesto justo y razonable.

El funcionario acudió a la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para exponer a los integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda cuáles son sus requerimientos económicos para 2011. Luego de enumerar una larga lista de necesidades, hizo énfasis en que no vengo a llorar, son carencias que desde un principio advertimos.

De acuerdo con la página de Internet del TCADF, cada uno de los 20 magistrados de las salas superior y ordinaria gana al mes 148 mil 890 pesos, y descontándoles los impuestos les quedan libres 106 mil 183 pesos, cantidad que supera con mucho el sueldo que tiene asignado el jefe de Gobierno de esta capital, Marcelo Ebrard Casaubon, que en términos brutos es de 100 mil 98 pesos, y ya restándole los impuestos le quedan 74 mil 367 pesos mensuales.

Aunado a ello, los 20 magistrados tienen derecho a un aguinaldo dos, que equivale a 30 días de su sueldo, el cual se agrega al aguinaldo que por ley se les debe entregar, además de que tienen derecho a muchas otras prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, vales de despensa y automóvil.

Rosario de necesidades

Pero ayer, ante los legisladores capitalinos, Raúl Armida fue prolijo al citar los planes, programas y acciones que se han visto frenados o afectados por la reducción presupuestal que le están asignando.

De entrada se quejó ante los diputados de PRD, PAN y PRI de que no les han asignado recursos que les permitieran comprar su propio edificio y por eso pagan renta; los 30 mil expedientes de los casos que atienden ya no caben en su inmueble.

Además, deben estar racionando las horas extras porque elevan los gastos por luz y vigilancia; mientras que la digitalización de documentos es un proyecto frenado, pues requiere de 90 millones de pesos, de los cuales carecen.

Este año, dijo Raúl Armida, tampoco hubo ya compra de equipo informático ni adquisiciones ni capacitación, al tiempo que se pospuso la creación de la contraloría interna del tribunal, por esa misma astringencia financiera. Añadió que mientras este año cerrarán con un presupuesto de 301 millones de pesos, para 2011 se les quiere dar apenas 292 millones.