nadie debería sorprender que la belicista derecha mexicana hubiera adelantado la hoja en el colombianizado libreto del control social y político mediante el terror, para entrar a la fase de los escuadrones de la muerte, la limpieza social, los asesinatos selectivos, es decir, la parapolítica. Como si tal fuera el objetivo, por todo el país se reproducen patrones de conducta similares: retenes donde mueren ciudadanos que supuestamente no atienden mecanismos de advertencia que a pesar de su fúnebre inutilidad no son corregidos, civiles sin muestra de peligrosidad que acaban bajo fuego de guerra, segmentos sociales definidos –jóvenes, de colonias de bajos ingresos– que son abatidos en grupo por presuntos opositores expansivos o vengativos, e incluso la apariencia de que en la confrontación con miembros de la llamada delincuencia organizada no se tiene la intención de someterlos a un proceso legal, sino a la ejecución sumaria (cada vez hay menos capturas, cada vez hay más presuntos delincuentes que al resistirse son abatidos).

Pero no solamente son las historias en que policías y soldados son los actores plenamente identificados, sino la posibilidad de que por política oficial o por reacción tolerada u oficialistamente impulsada estuviesen en acción grupos paramilitares que hoy se enfocan a exterminar la escoria pero que, como ha sucedido en otras latitudes, Colombia como paradigma, terminen sirviendo a propósitos políticos. El tema de los escuadrones de la muerte fue planteado desde noviembre de 2009 por el senador petista Ricardo Monreal, pero sólo en septiembre de este año el Senado solicitó formalmente al gobierno federal la indagación en sus archivos sobre el tema. Ayer, la Procuraduría General de la República respondió que no tiene información alguna al respecto.

Tampoco hay información sobre móviles y autores del asesinato del candidato priísta a gobernar Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú (casi cinco meses atrás, a finales de junio), a lo que se ha agregado el mortal golpe al ex mandatario de Colima, Silverio Cavazos, así es que se han vuelto ahora contestatarios algunos líderes priístas. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se preguntó si el calderonismo ha usado a cabalidad y con orden los instrumentos novedosos de combate al narco que se le han autorizado, asentando el senador sonorense que la situación en el país ha pasado de delicada a grave, no sólo por cuanto a las decenas de miles de muertos, sino que hoy en su escalamiento viene a hacer efectos en otras partes de la sociedad. Beatriz Paredes mencionó que hay un clima de violencia generalizada que le hace mucho daño a la sociedad, y Emilio Gamboa, aparte de exigir el esclarecimiento de los asesinatos de distinguidos militantes de su partido, dijo que los priístas estamos cansados de diez años de violencia, de diez años donde no podemos transitar como lo hacíamos nosotros en las carreteras. Otro componente de la clase política asustada porque la violencia está llegando a sus normalmente blindados confines ha sido el senador Carlos Navarrete, del PRD, quien con un depurado sentido de elite ha deplorado que el asesinato del ex gobernador colimense esté mostrando que la violencia y la inseguridad ya no respetan ni clases sociales ni niveles sociopolíticos, análisis que le llevó a puntualizar que el calderonismo no puede con el paquete.

El punto de la violencia política es importante para avizorar el futuro electoral. Los priístas saben que el avance de su aplanadora con copete sólo puede ser frenado mediante la descomposición intencional de la pista de competencia, de la conversión de lo comicial en asunto de paramilitares, en la parapolítica. AMLO, por su parte, evita con insistencia cualquier ligazón que se pretendiera hacer de su movimiento pacífico con escenarios violentos. Ayer insistió en convocar al pueblo a realizar cambios profundos, como los de la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero sin violencia, a pesar de que los ejemplos históricos significaron precisamente enfrentamientos con las armas, violencia política.

Y, sin embargo, los mexicanos siguen cayendo. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que según sus investigaciones hay cuando menos cien casos de civiles sin implicaciones con el narcotráfico que han muerto en operaciones realizadas por policías y militares. El presidente de esa comisión, Raúl Plascencia, dijo que las fuerzas armadas necesitan un proceso de capacitación muy intenso para que respeten los derechos ciudadanos, e insistió en que en el Estado mexicano no se debe de ninguna manera pretender actuar como los delincuentes, bajo el pretexto de combatir a la delincuencia. Paradelincuentes.

Astillas

En Colima aumentan las acusaciones políticas contra el sombrío ex gobernador Fernando Moreno Peña, que de manera permanente ha buscado debilitar el ejercicio de los nuevos mandatarios para así sostener su proyecto de cacicazgo transexenal. La muerte de Silverio Cavazos ha actualizado las denuncias del hostigamiento que Moreno Peña ha mantenido como forma de consolidación personal... El apresurado lanzamiento de Yeidckol Polevnsky como candidata del lopezobradorismo a la gubernatura del estado de México ha generado reacciones adversas en una parte de ese movimiento de resistencia, en miembros destacados de los partidos presuntamente postulantes (Óscar González, del PT, ha hablado de revisar la decisión y de no conocer las encuestas en que se habría fundado el destape), en el PRD chucho y mexiquense e incluso ha hecho saber, según YP, que Alejandro Encinas declinó la candidatura a pesar de haber resultado el mejor posicionado en varias encuestas. Encinas pareciera así distanciarse del tabasqueño en jefe –cosa que se ha venido observando desde las batallas interperredistas por las postulaciones a diputados federales, el año pasado–, a menos que se estuviera frente a una maniobra para presionar mediante YP a una reconciliación de última hora en la que emergiera Encinas como candidato de unidad... ¡Hasta mañana!

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