En los pasados 18 meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha abierto más de 100 expedientes sobre asesinatos de civiles cometidos por policías y soldados como resultado de los operativos contra la delincuencia organizada, reveló ayer el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.

Al concluir el foro Cultura de la legalidad, derechos y deberes de las personas, el ombusman nacional sostuvo que un solo caso sería suficientemente grave, pero lamentablemente se repiten. Por ello, apremió a brindar capacitación a las fuerzas armadas. Casos como los de Tabasco del 14 de noviembre, donde dos civiles fueron asesinados por militares, no son únicos. Hay más de 100. Están el de estudiantes de Nuevo León, el de la familia de Tamaulipas y muchos otros.

Subrayó que el incumplimiento de la ley es el origen de problemas como la corrupción y la impunidad, que impiden el desarrollo democrático de la sociedad.

Abundó: Lastima el buen funcionamiento de algunos principios del estado de derecho y se genera una subcultura contraria al respeto y a la observancia de la ley. Acusó: Algunos actores sociales, económicos y políticos aún no han asumido el compromiso de respetar plenamente la normatividad. Esta situación nos ha llevado a diversas crisis que no podemos tolerar.

En el acto, en el que se presentó la Cartilla de derechos y deberes de las personas, elaborada por la CNDH, expresó que la equitativa aplicación de la ley, la impartición de justicia y el cese de la impunidad representan las aspiraciones más anheladas por la sociedad y las más insatisfechas en nuestros días.

Insistió en que la legalidad garantiza una convivencia social pacífica, pero también demanda la aplicación de las normas.

Resaltó: La plena observancia de las disposiciones, la salvaguarda de las garantías y el cumplimiento de los deberes a cargo de todas las personas permitirá eliminar las brechas de desigualdad, intolerancia y discriminación.

Al foro fueron invitados, entre otros, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones; Javier Esteban Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Óscar Maurtua, representante en México de la Organización de Estados Americanos.