Con el voto favorable de los diputados locales de PRD, PAN y PRI, el Comité de Administración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer que se auditen todas las áreas administrativas de este órgano de gobierno y el gasto que hasta la fecha han ejercido, para determinar si existen irregularidades en la aplicación de los recursos públicos asignados o en las distintas adquisiciones de bienes.

El resolutivo –que se alcanzó luego de más de dos horas de intensa discusión entre los legisladores de esos grupos parlamentarios– señala que será la Contraloría General de la ALDF la instancia responsable de llevar a cabo, en lo inmediato, esa fiscalización, con lo que se irá más allá de corroborar si hubo una compra anómala de muebles y equipo para los diputados locales por un monto superior a 8 millones de pesos.

Esta adquisición fue, incluso, el único punto agendado en el orden del día, y no sólo generó intermitentes agresiones verbales entre Lía Limón (PAN) y Karen Quiroga (PRD), sino que hubo insistentes llamados a no hacer juicios sumarios y, mucho menos, politizar el tema.

Al comienzo de la reunión, Víctor Hugo Romo, presidente del Comité de Administración, dio a conocer el informe ejecutivo de la oficial mayor con licencia, María de Lourdes Cedillo, respecto de esa operación mercantil, y confirmó que ya estaban en la página oficial de la ALDF las copias de todas las facturas, contratos, comparativos, costos, constancias de recepción en almacén y demás documentos relacionados con ese proceso.

Pese a esto, Lía Limón insistió, a lo largo de sus intervenciones, en que le precisaran con qué criterios la Comisión de Gobierno de la Asamblea tomó ciertas decisiones respecto de la compra, y en ninguna ocasión dejó de señalar y mencionar a la presidenta de dicho órgano legislativo, Alejandra Barrales, a grado tal que varios de los asistentes dijeron que la perredista se le ha vuelto una obsesión a la panista.

Carlos Augusto Morales (PRD) le aclaró, a su vez, que ya estaba en curso una investigación en la Contraloría antes de que lo denunciara mediáticamente, y le pidió mesura en sus acusaciones hacia la ex oficial mayor, pues ella y su fracción también votaron para que se quedara en este cargo, y remachó con la petición de que deje de estar politizando el tema.

Los perredistas Leonel Luna, Lizbeth Rosas y Karen Quiroga propusieron después que, en aras de una mayor transparencia, la Contraloría aplique una auditoría a todas las áreas administrativas de la ALDF y a todos los capítulos de gasto, lo cual se aceptó por unanimidad.

Previamente, Octavio West (PRI) consideró que se ha hecho una bola de nieve de algo que no tiene sentido, además de que se han lanzado acusaciones sin haberse probado nada.

Al final, el contralor de la ALDF, Pablo Trejo, afirmó que por ser parte de un proceso legal y administrativo no se podía dar a conocer ninguna información, y comentó que de corroborarse alguna anomalía se podría aplicar desde una amonestación hasta la inhabilitación de los responsables.