regunten a cualquiera cuáles son las exportaciones mexicanas más famosas en estos días y es probable que la respuesta venga envuelta en una sonrisa sardónica y una mirada señalando al norte: gente y drogas.
Hoy este país tiene un nuevo producto de exportación. No es tan conocido, pero no es un legado menos sombrío del neoliberalismo y del hábito de los países del norte de descargar sus problemas en el sur global: los derechos de contaminación.
De 2006 a la fecha, México ha estado enviando derechos de contaminación a países como el Reino Unido, Suiza, España, Francia, Japón y Holanda. Las empresas que compran los derechos –productoras de energía como Iberdrola o Electrabel, por ejemplo, o fabricantes de cemento como Cemex– se ven eximidas de la obligación legal de reducir sus emisiones de bióxido de carbono que les imponen las leyes europeas y japonesas referentes al clima. Como los derechos de contaminación en México se venden baratos, esas empresas ahorran millones y pueden retrasar por años las medidas contra el calentamiento global.
Los derechos de contaminación de México son también una mercancía de gran venta en los mercados financieros. Bancos privados como BNP Paribas y Credit Suisse, junto con intermediarios y comercializadores como Cargill, AgCert y Gazprom Marketing & Trading, los compran para especular y venderlos a terceros. ¿Y por qué no? Los precios son volátiles y se puede ganar mucho dinero. Y si el mercado global de derechos de contaminación por gases de efecto invernadero se vuelve tan grande como algunos prevén –billones de dólares–, nadie en Wall Street u otros centros financieros puede darse el lujo de quedar fuera.
¿Cómo funciona este comercio? La idea es simple: si según las leyes europeas o japonesas se tienen que reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos que ello implica, ¿por qué no hacer reducciones donde es más barato, en países como China o México? Entonces las industrias de esos países pueden ganar dinero vendiendo las reducciones al norte.
¿Quién se beneficia en México? Bueno, si se tiene una industria sucia, habrá muchas emisiones por reducir y se puede ganar mucho dinero. No es sorprendente, pues, que más de dos docenas de gigantescas granjas porcícolas operadas por Granjas Carroll de México, subsidiaria de la estadunidense Smithfield Farms, obtengan ingresos extras capturando y quemando el metano que despide el excremento de cerdos. Y como el metano es un gas de efecto invernadero mucho más peligroso que el dióxido de carbono, quemar una sola tonelada de él en Puebla o Veracruz significa que se pueden vender derechos para emitir 20 toneladas de CO2 en Europa.
Si un empresario produce una sustancia que es un gas de efecto invernadero aún más potente, tanto él como los consultores que contrate en Estados Unidos, Europa o Japón pueden ganar todavía más dinero. Ahí está Quimobásicos de Nuevo León, el mayor exportador mexicano de derechos de contaminación. Con sólo destruir unos cuantos miles de toneladas de un gas llamado HFC-23, que se obtiene como producto secundario, Quimobásicos se dispone a vender derechos de contaminación por más de 30 millones de toneladas de bióxido de carbono a Goldman Sachs, EcoSecurities y la generadora japonesa de energía eléctrica J-Power. El costo para la empresa es de unos tres pesos por tonelada de CO2 equivalente
, el cual, a precios actuales, puede vender por arriba de 200 pesos la tonelada.
Poca sorpresa es entonces que un montón de empresas y países en todo el mundo intenten calcular qué niveles de suciedad alcanzan, a modo de ganar dinero limpiando. Tampoco sorprende que el mercado de emisiones de efecto invernadero no beneficie a quienes en realidad cuidan el ambiente. Comunidades que llevan estilos de vida bajos en carbón, o que luchan por impedir la instalación de empresas contaminantes o industrias extractivas en sus regiones, sencillamente no son lo bastante sucias para obtener dinero de este comercio. Tampoco tienen dinero para aceitar las ruedas de los organismos reguladores y contratar a los caros consultores que se requieren para abrirse paso en este nuevo mercado.
En realidad, el mercado de los derechos de contaminación hace daño a esas comunidades. En el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, muchas comunidades indígenas han cedido por poco dinero sus tierras a desarrolladores de granjas eólicas de España y México, sin darse cuenta de que esas empresas ganarán millones de dólares no sólo de la generación eléctrica, sino también del uso o la venta de derechos de contaminación en Europa.
¿Qué papel tiene en todo esto la próxima cumbre climática de la ONU en Cancún? No es de esperarse que muchos de los gobiernos participantes hagan llamados a terminar con este destructivo comercio. Después de todo, la ONU ayudó a crear este mercado en 1997 en Kyoto, y muchas personas lucran con él.
De hecho, Cancún podría empeorar las cosas, al permitir a los gobiernos vender en el mercado de la contaminación el carbón de sus bosques nativos. Tal acción podría disparar lo que una red de pueblos indígenas llama potencialmente la mayor apropiación de tierras en la historia
.
Con tanto en juego, las varias caravanas y otras protestas que convergirán en Cancún en diciembre se vuelven más importantes que nunca. Sigan en contacto.
Traducción: Jorge Anaya
*Larry Lohmann trabaja con The Corner House, organización de solidaridad y desarrollo con sede en el Reino Unido, y ayudó a editar el libro El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa
