Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), José Francisco Blake Mora, en la cual discrepan de la respuesta dada por la dependencia a Human Rights Watch respecto a que la jurisdicción castrense no equivale a impunidad, a propósito de la iniciativa del Ejecutivo federal sobre reformas al Código de Justicia Militar.

Señalaron que una de las principales fallas de la iniciativa –soslayada por la SG en su carta del pasado 10 de noviembre– es la posibilidad de que sea la propia autoridad ministerial militar la que determine los casos que serán remitidos al fuero civil.

La prevaleciente falta de controles civiles sobre las fuerzas armadas abre la puerta a que delitos dolosos se clasifiquen como culposos; a que lesiones graves no sean tenidas como tales; a que actos de tortura sean minimizados, o incluso a que deliberadamente se manipulen las evidencias, como ha ocurrido en numerosos casos recientes, según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicaron.

Asimismo, señalaron que la propuesta del Ejecutivo ignora los estándares internacionales en la materia y no modifica sustantivamente las condiciones que permiten que en la actualidad el fuero militar sea sinónimo de impunidad.

En la misiva subrayaron al secretario que la dependencia incurre en un notorio error conceptual cuando aborda lo relacionado con las ejecuciones extrajudiciales. Por tanto, le recomiendan una familiaridad mínima con el lenguaje empleado en los instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado, lo que basta para tener claridad de que se trata de violaciones al derecho a la vida, ocurridas en supuestos tales como la ejecución de un civil indefenso sin causa o justificación, fuera de un enfrentamiento armado.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Montaña Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los derechos para todos expresaron a Blake Mora preocupación porque la dependencia adopta que cuando un civil es privado de la vida por un militar, debe conocer los hechos el sistema de justicia castrense, dado que por su naturaleza no puede considerarse ajeno a la disciplina de la tropa.