El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) –con el voto disidente de la comisionada Sigrid Arzt– ordenó a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer público el número de expedientes abiertos por acciones vinculadas con presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Además, tendrá que informar la fecha de inicio y conclusión de la indagatoria respectiva, así como de los casos perdidos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y los tribunales.

De los montos económicos recuperados, las autoridades hacendarias deben hacer una búsqueda exhaustiva en sus unidades administrativas, y si no encuentra la información, declarar oficialmente su inexistencia.

El solicitante de dichos datos pidió los nombres de las personas o funcionarios detenidos, encarcelados y excarcelados, además de los montos recuperados por Hacienda, expedientes generados y cerrados, casos perdidos y solventados en la PGR y los tribunales, y resultados de su actuación.

La comisionada ponente Arzt Colunga explicó que salvo el último punto, del resto la dependencia federal declaró la inexistencia y remitió al ciudadano a la PGR para conocer del curso de las indagatorias, por no ser una función de su ámbito.

En alegatos con el Ifai, Hacienda dijo tener, a partir de 2004, el número de cada expediente, tipo de denuncia, oficio abierto en la unidad de inteligencia financiera y nombres de los denunciados, pero reservó la información; Artz confirmó la clasificación, y de los casos perdidos por la PGR en tribunales, también confirmó la inexistencia, porque esa información compete al ámbito judicial.

Jacqueline Peschard, María Marván, Ángel Trinidad y María Elena Pérez-Jaén advirtieron que dar a conocer el número del expediente no afecta la indagatoria, y aunque la pesquisa se resuelve en el ámbito judicial, por ley la unidad de inteligencia financiera de Hacienda debe realizar un seguimiento de los casos; incluso –señalaron–, le compete recabar estadísticamente los datos. Por tanto, puede informar de ellos.

Aparte, el Ifai ordenó una vez más a la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacer una búsqueda exhaustiva y entregar copias de la impresión de los correos electrónicos de su titular, Salvador Vega Casillas.

Sólo se pidieron los correspondientes a mayo, y la SFP alegó que ya no existen ni en la bandeja de entrada ni en la de salida. En alegatos, el instituto reiteró que emitió lineamentos (en 2007) donde precisa que los correos electrónicos son documentos institucionales, en términos de la Ley Federal de Transparencia. En caso de ser desaparecidos hay consecuencias legales. Por ello, en respuesta al Ifai, la SFP rectificó y alegó que antes de que Vega los desechara, se imprimieron y enviaron a las unidades administrativas competentes para su debida atención.

No es la primera que vez que la secretaría responde así. Igual se condujo ante una solicitud de La Jornada, y aunque el Ifai le ordenó entregarlos, respondió que, para la localización de los correos, tendría que acudir a revisar en todas las áreas administrativas de la dependencia.