La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) advirtió sobre un aumento en el número de agresiones a defensores de derechos humanos en el país. De 128 que registró en su informe de 2009, sumó 37 más de septiembre de ese año a octubre del presente.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina, explicó que la nación pasa por un momento particularmente crítico, pues la violencia plantea serios retos para sus autoridades en la implementación de políticas de seguridad ciudadana, acordes con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

Al presentar la actualización del informe sobre la situación de las y los defensores de derechos de humanos en México, dio a conocer gráficas que dan cuenta de la problemática: las amenazas, las injerencias, los actos de hostigamiento y el uso arbitrario del sistema penal continúan como las principales formas de ataque. Aunque también hay privación de la vida, agresiones físicas, atentados, detenciones arbitrarias y violación al derecho a la libertad y seguridad personal.

Al poner nuevas cifras queremos recalcar que no es un problema ya solucionado. Revela y arroja una situación de vulnerabilidad y carga de riesgo que debemos abordar con urgencia. Por lo cual sigue en debate la necesidad de una coordinación interinstitucional a nivel del Estado para brindar protección efectiva y pronta a los defensores. Se requiere un diálogo constructivo entre autoridades, sobre todo a nivel de gobierno central, para la implementación de medidas de prevención y políticas en los casos en que las violaciones ya fueron cometidas.

Mensaje macabro

Hernández Valencia afirmó que la impunidad es algo que prevalece y hasta se prolonga, lo cual manda un mensaje macabro, sostuvo. El informe refiere al respecto: “el nulo o poco avance en el esclarecimiento de la autoría material y, de ser el caso, de la autoría intelectual de este conjunto de agresiones, continúa siendo una constante y es el reflejo directo de las falencias en las investigaciones que están a cargo de las autoridades competentes.

En las situaciones en las que hasta ahora se han podido establecer presunciones de responsabilidad, por lo general resultan señalados actores no estatales identificados principalmente con caciques locales o grupos civiles armados.

La gráfica al respecto ubica a 51 por ciento de los presuntos agresores como no identificados; 22 por ciento, actores no estatales; 14 por ciento, operadores de justicia; 8 por ciento, autoridades municipales, y 5 por ciento, autoridades militares. Además de ubicar a Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades con el mayor número de denuncias.

En el documento, la OACDH estableció que dio seguimiento con suma preocupación a los actos de violencia que segaron las vidas de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola (el 27 de abril de 2010, en las cercanías de San Juan Copala, Oaxaca); de Josefina Reyes (perpetrado el 3 de enero de 2010, en Chihuahua); Mariano Abarca Roblero (ocurrido el 27 de noviembre de 2009 en Chiapas), y Ernesto Rábago Martínez (el 2 de marzo de 2010, en Chihuahua).

Además de poner énfasis en la desaparición de Alicia Salaiz Orrantia, detenida por un grupo de sujetos no identificados el 5 de noviembre del año pasado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Hasta la fecha se ignora su paradero.

Luis Ortiz Monasterio, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resaltó, a su vez, que el número de quejas por este tipo de agresiones va en aumento. De 20 expedientes abiertos en el periodo 1994-2000 se pasó a 108 entre 2005 y 2009. Se emitieron tres recomendaciones de 2009 a 2010 y cerca de 30 medidas cautelares en el reciente lustro.

José de Jesús Orozco, encargado de la Unidad de Defensores de la CNDH, resaltó que en el organismo hay una manifiesta preocupación por los altos niveles de impunidad en la materia, la violencia, intimidación y riesgo a que están expuestos los defensores de derechos humanos.

El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que el martes dialogó con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, sobre el informe, y hemos convenido que harán un esfuerzo redoblado para retomar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Además de que al cierre de la discusión sobre la aprobación del presupuesto para el siguiente año nos dijo que se logró una línea específica para la implementación de medidas cautelares.