ace una década, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) asumió la conducción política del país, la nación enfrentaba los estragos de más de 70 años de monolitismo priísta, y la sociedad acusaba un hartazgo hacia el ejercicio patrimonialista, antidemocrático, corrupto y corruptor que caracterizó al tricolor. En ese contexto, la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República alimentó las esperanzas ciudadanas de que se produjera otra, mucho más sustancial, en el ejercicio del poder político y la conducción de las instituciones, en las relaciones entre el Estado y la sociedad, en los manejos de los recursos públicos, y en el combate a la corrupción, entre otros ámbitos.

Sin embargo, a contrapelo de las aspiraciones –por demás legítimas– de la ciudadanía que sufragó por el blanquiazul en julio de 2000, las perspectivas de consumar una plena transición democrática se fueron diluyendo con el paso de meses y años, y hoy, con los festejos organizados por el PAN para celebrar su llegada a Los Pinos, se cierra una década de continuidades y decepciones.

Algunas de las caras más visibles de ese retroceso son la permanencia, durante las dos administraciones federales panistas, de viejos vicios y prácticas autoritarias; la perpetuación de las estructuras de control corporativo y clientelar; el refrendo de alianzas con dirigencias gremiales corruptas y descompuestas; la intromisión en la vida interna de los sindicatos independientes; la preservación de la impunidad para quienes cometen atropellos desde el poder. En cuanto al manejo de los recursos públicos, las promesas de combate a la corrupción y a la opacidad con que inició el gobierno del cambio terminaron claudicando ante la proliferación del tráfico de influencias, el amiguismo, las complicidades, la opacidad y la impunidad.

En forma paradójica, el desarrollo democrático del país en estos 10 años tuvo en Vicente Fox un lastre fundamental: luego de arribar al poder por medio de un incuestionable triunfo electoral, en 2006 se erigió en uno de los principales factores de distorsión del proceso sucesorio, y sembró con ello la sospecha de fraude en al menos un tercio del electorado. Con una legitimidad mucho menor a la de su antecesor, Felipe Calderón ha encabezado una administración que triunfa en el discurso y fracasa en los hechos, y ha sido partícipe de la involución política y electoral de su partido, reducido a la condición de apéndice de la Presidencia.

Por lo que hace al ámbito económico, el desempeño del gobierno federal en esta década se ha caracterizado por una exasperante indolencia, que ha colocado a los estratos más desfavorecidos de la población en la desprotección total. Las administraciones federales panistas han continuado y profundizado el modelo económico impuesto por las últimas presidencias priístas, y han porfiado en los intentos por desmantelar la propiedad pública y en la aplicación de una política fiscal regresiva e injusta. Esa misma insensibilidad se refleja en la desatención a las causas originarias de los fenómenos delictivos que hoy recorren el territorio nacional, y en la pretensión de combatirlos exclusivamente –con resultados desastrosos, por lo demás– por la vía policiaco-militar.

A los elementos anteriores cabe añadir la vulneración del carácter laico del Estado, el extravío de la política exterior del país, la criminalización de la disidencia, la represión de las oposiciones políticas y sociales, y el desinterés en la vigencia de las garantías individuales, bajo las presidencias del blanquiazul.

Ciertamente, en los últimos 10 años la sociedad ha experimentado una transformación cívica y política profunda, y el país tiene hoy una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, más participativa, tolerante, habituada a la pluralidad y crítica de la autoridad. Tales cambios, sin embargo, se han presentado fuera de las esferas del poder público, no dentro de ellas. En ese sentido, el saldo de la alternancia no deja mucho margen para la celebración y exhibe, en cambio, un cúmulo de deudas y expectativas no cubiertas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.