omentaba una mañana, en el desayuno con mi esposa, el problema de la inseguridad. Me dijo algo que me puso a pensar. ¿Realmente estamos luchando por México o por Estados Unidos y su permanente afición a las drogas?

Me parece que Nona tiene razón. Yo supongo que en pocas ocasiones Estados Unidos ha podido vender tantas armas sin que medie una guerra, aunque en nuestro caso sí parece que estamos en guerra contra nosotros mismos. Sin que se trate, dicho sea de paso, de una guerra civil. ¡Afortunadamente!

Por otra parte, es evidente que México es un simple retransmisor de las drogas que vienen del sur salvo, tal vez, la mariguana que seguramente es cultivada a conciencia por campesinos que no han podido resolver de otra manera su grave condición económica. En eso nuestra culpa es, probablemente, absoluta.

Sin duda, la situación está provocando una inestabilidad e inseguridad que no merecemos. Todos los días nos enteramos de la detención de capos, pero da la impresión de que éstos se reproducen con entera facilidad. Por supuesto que el desempleo que sufrimos es un buen alimento para esa actividad.

Todo esto nos ha permitido llegar a unas conclusiones que no son nada gratas. En primer término, que el Ejército no ha sido hecho para investigaciones y que, por el contrario, su intervención es más peligrosa que eficaz. Las muertes de civiles que no tienen que ver con las pandillas de narcotraficantes, cada vez es más frecuente. Y en cuanto a investigaciones, me temo que no es función del Ejército llevarlas a cabo. No está preparado para ello.

A su vez, los cuerpos de policía han puesto de manifiesto, cada vez de manera más clara, su transformación en aliados de los narcotraficantes, haciendo evidente que la corrupción es una de sus principales características.

¿Tiene la culpa el gobierno?

Es obvio que es legítimo considerarlo así, pero si analizamos las cosas con calma, tendremos que llegar a la conclusión de que el problema es más antiguo y que lo que resulta evidente es que la intervención del Ejército sí corresponde a sus funciones constitucionales, lo que yo no creía. Y es que el artículo 129 de la Constitución dice, en su primera parte, que: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, en la fracción sexta del artículo 89 constitucional se faculta al Ejecutivo a preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Se trata, tal vez, de una contradicción constitucional. Y la interpretación no parece nada fácil. Claro está que todo se resolvería si se declara que estamos en tiempos de guerra, lo que es más que cierto, aunque la idea de la guerra tenga una connotación internacional.

La solución estaría en manos del Poder Legislativo, al que el artículo 73 de la Constitución, fracción XII, faculta para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

Quizá el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, nos dé una manita. En una de sus versiones, guerra es: Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Y no se puede dudar de que en este momento existen en el país esos dos bandos. Afortunadamente no se trata de una guerra civil, en la que juegan las ideologías, sino de una guerra como instrumento para superar un delito. Y nadie dudaría en dar la categoría de bando a quienes están organizados para la explotación de los narcóticos.

Lo malo es que no se trata de un bando sino de varios que, inclusive, se pelean entre sí por el dominio de los mercados. Tal vez sea necesario que se haga presente el problema a la Real Academia para que encuentre una definición. Aunque podría servir el mismo diccionario en otra versión, cuando dice que guerra es: La que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Lo que ocurre es que en el caso estaríamos en presencia de una pluralización de esa definición para incluir como participantes en la guerra a los diferentes cuerpos de traficantes y al mismo gobierno federal.

Es posible, pues, justificar la intervención del Ejército. Lo que importa ahora es que sea eficaz.