Morelia, Mich., 12 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador consideró una inmoralidad que Felipe Calderón busque dejar a su hermana Luisa María como gobernadora de Michoacán, tal como también quieren hacer con un hermano y un cuñado los mandatarios priístas de Coahuila y Nayarit, Humberto Moreira y Ney González, respectivamente.

A todos ellos les recordó que vivimos en una República, no en una monarquía, y también insistió en que de concretarse la alianza electoral en el estado de México entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), solicitará licencia a este último mientras dure el contubernio, a fin de apoyar al candidato que surja del movimiento ciudadano.

Antes de sesionar con los comités michoacanos del gobierno legítimo en el Centro de Convenciones de Morelia, López Obrador dijo que no aceptará el pacto que se busca en el estado de México, aunque los dirigentes del PRD lo promuevan, seguramente por los compromisos que tienen con Calderón. Su alianza, definió, será con el pueblo y los ciudadanos sin militancia, alrededor del Partido del Trabajo y Convergencia.

Dijo ver con buenos ojos el arribo a la dirigencia nacional perredista del ex gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, quien haría un buen papel, pues el cardenismo histórico nunca buscaría unirse al PAN, además de que se volvería a los orígenes y se reorientaría el rumbo para que el PRD no sea el partido palero y colaboracionista en que lo convirtieron los actuales líderes.

Acompañado de la dirigente perredista estatal, Fabiola Alanís, aclaró que no participará en el juego de si Jesús Ortega debe ser expulsado de la presidencia del PRD, porque la lucha es contra la mafia del poder, y apoyó la propuesta del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, de reunir a los principales líderes del partido para sentar su reconstrucción y ponerlo al servicio del pueblo sin que por ningún motivo haya alianzas con la derecha.

Estimó que la llegada del PAN a la Presidencia de la República dio continuidad al pillaje de la era priísta iniciado en 1983 y profundizado en el gobierno de Carlos Salinas, de modo que la política antipopular y entreguista que produjo la tragedia nacional ya lleva 27 años, no sólo 10.