La pobreza en México subió 3.1 por ciento entre 2006 y 2008, revela un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) difundido este martes.

Dicho incremento contrastó con la tendencia de los países de la región incluidos en el reporte (denominado Panorama social de América Latina), en el que cada año se analizan los avances sociales en Latinoamérica.

Desde Santiago de Chile, sede del organismo, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que mientras Brasil, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile disminuyeron sus niveles de pobreza, ésta avanzó en Ecuador, Costa Rica y México.

Precisó que en el periodo de referencia el número de pobres en el país pasó de 31.7 a 34.8 por ciento de la población.

Sin embargo, indicó que en el estudio no se incluyeron las cifras correspondientes a 2009 –cuando la crisis económica empujó a 6 millones de personas a la pobreza según estimaciones oficiales– debido a que el informe sobre el particular que emite del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se presentará hasta mediados del año entrante.

El estudio precisa que en términos generales, pese a las fuertes repercusiones que la crisis económica tuvo para los países latinoamericanos, en esta ocasión las políticas públicas tuvieron un papel preponderante para evitar un impacto mayor en las condiciones laborales y sociales.

Destacó que entre 1990 y 2008 el gasto público social creció de 445 a 880 dólares por persona y que los programas de transferencias condicionales adoptados por los gobiernos de la zona evitaron un impacto más negativo sobre la pobreza y el empleo.

Explicó que con respecto a 2008 el año pasado el número de pobres en la región avanzó sólo 0.1 por ciento, al pasar de 33 a 33.1 por ciento de la población, lo cual refleja que América Latina sigue bien encaminada hacia el cumplimiento de la meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consiste en reducir a la mitad el porcentaje de personas en situación de pobreza entre 1990 y 2015.

Para 2010 el organismo estima una disminución de uno por ciento (a 32.1 por ciento de la población) en el número de pobres, con lo que se espera que el próximo año haya 180 millones de personas en esa condición en Américas Latina, de las cuales 72 millones se encontrarán en situación de indigencia.

Niñas en Paseo de la ReformaFoto Roberto García Ortiz

En materia de distribución del ingreso, el estudio señala que la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, característica que se ha mantenido a lo largo de las últimas cuatro décadas.

A grandes rasgos, el ingreso captado por los cuatro deciles más pobres es, en promedio, menos del 15 por ciento del ingreso total, mientras que el decil más rico capta alrededor de un tercio del ingreso total. Asimismo, el ingreso medio captado por el 20 por ciento más rico de la población supera en 19.3 veces al del quintil más pobre, destacó.

El estudio incluye un análisis sobre la importancia de la educación como un factor central para impulsar la movilidad social y señala que la región no ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de oportunidades.

Destaca que las condiciones socioeconómicas de los hogares, así como la educación formal alcanzada por los jefes de familia, el acceso a la tecnología, entre otros factores, determinan las diferencias en los resultados del aprendizaje y la progresión en el sistema educativo.

A las desventajas socioculturales con que llegan al sistema educativo los estudiantes de menores recursos se suma su acceso a servicios de enseñanza de una menor calidad relativa respecto de los estudiantes de mayores recursos, lo que refuerza la desigualdad de trayectorias de aprendizaje.

Por ello destacó la importancia de contar con políticas públicas claras en el campo del empleo y el desarrollo productivo, que contribuyan a reducir la segregación que ha caracterizado a estos ámbitos en la historia reciente de América Latina y el Caribe.

Es indispensable que el Estado tenga un papel activo en la esfera productiva y laboral, pues los mercados autorregulados se han mostrado históricamente contraproducentes para promover la convergencia productiva, la protección del empleo y el trabajo, y la reducción de brechas en ingresos laborales y en acceso al bienestar, puntualizó el organismo.