En México hay miles de niños y adultos con alguna discapacidad mental o física que son recluidos prácticamente de por vida en centros de internamiento donde padecen condiciones inhumanas, sometidos a tratamientos médicos degradantes, incluida la lobotomía y la administración de fármacos inadecuados.

Así lo denunciaron Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organizaciones civiles que elaboraron de manera conjunta el informe Abandonados y desaparecidos. Segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México, presentado ayer en conferencia de prensa.

El primer antecedente de este análisis tuvo lugar hace diez años, cuando expertos de DRI visitaron orfanatos y clínicas del país y emitieron un reporte en el que criticaron duramente la falta de atención digna de quienes padecen alguna discapacidad, recordó Sofía Galván, activista de la organización estadunidense.

En respuesta, las autoridades mexicanas se comprometieron a mejorar dicha situación en seis meses, e incluso promovieron en Naciones Unidas la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada en 2006.

Sin embargo, puertas adentro el gobierno no fue congruente con su posición internacional y una década después del primer informe prácticamente no ha realizado ningún cambio en su sistema de salud, acusó.

El análisis actual fue elaborado mediante una serie de visitas a 20 hospitales, orfanatos y albergues –18 de ellos públicos–, de agosto de 2009 a septiembre de 2010, en donde realizaron más de un centenar de entrevistas.

En estos sitios encontraron un patrón generalizado de serias violaciones a los derechos humanos de los que sufren alguna discapacidad mental, afirmó.

Luego de presentar un video en el que se mostraron las condiciones de vida de los pacientes, Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, se mostró abrumado y enojado al mismo tiempo por la forma en que los responsables de dichos centros acaban con las personas recluidas, pues el olor a orina lo impregna todo y la falta de higiene y materiales básicos de curación son constantes.

Un caso paradigmático de los abusos y los tratos degradantes, señaló, es el de una mujer a la que en 2000 vieron atada a una silla de ruedas, y diez años después seguía en la misma institución y continuaba atada.

Aunque la mayor parte de los abusos son sufridos por discapacitados mentales, las personas que padecen disfunciones físicas, como ceguera, sordera o algún impedimento motriz, también son susceptibles de padecer discriminación y olvido.

Las propias autoridades de las clínicas y orfanatos, dijo, admiten que sus pacientes viven en una especie de hoyo negro: de la gran mayoría no se sabe cómo ni cuándo llegaron, qué padecimiento tienen o incluso cuál es su nombre. Tampoco hay cifras exactas de cuántos son y en dónde están.

Al no recibir cuidados, detalló el informe, las personas se aislan, son despojadas de su capacidad jurídica con argumentos paternalistas y terminan sufriendo un deterioro aún mayor de sus condiciones de vida. Inclusive, muchos de ellos simplemente desaparecen, y se especula que son víctimas de abusos sexuales o vendidos a grupos de traficantes de seres humanos.

Además de estar sujetos a torturas y malos tratos, sostiene el documento, hay enfermos que han sido sometidos a intervenciones sicoquirúrgicas, como lobotomías, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señala que dicha práctica nunca debe realizarse en personas que no puedan dar su consentimiento informado.

Lo único que ha cambiado en México es que las organizaciones civiles se han unido para exigir que el gobierno cumpla sus promesas. La situación es terrible pero también tenemos esperanzas. Debemos poner en la agenda que los derechos de los discapacitados son tan importantes como los de cualquier otro ciudadano, aseveró Rosenthal.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, anunció por su parte que la actuación de México en este terreno será evaluada en febrero de 2011 por una comisión especial de Naciones Unidas, por lo que llamó al gobierno a acatar las recomendaciones que se formulen en el estudio, que consisten básicamente en otorgar a los internos condiciones dignas de tratamiento y acabar con la reclusión indefinida de los pacientes.

Uno de los aspectos más preocupantes del tema es que no hay estadísticas fiables al respecto. No es posible en este momento saber con precisión cuántas personas están ingresadas, en qué sitios y por qué terminaron ahí, aunque las previsiones indican que cada vez hay más enfermos en estas circunstancias, muchos de ellos en centros privados.

De su lado, Gabriela Cámara, de la organización Voz Pro Salud Mental, advirtió que uno de los principales obstáculos para atender debidamente a los enfermos mentales es el estigma cultural que aún deben enfrentar, y la carencia de una ley de salud que indique reglas claras en la atención de este fenómeno.