Nextel no puede operar los 30 megahercios (MHz) que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le entregó como parte de la licitación 21 porque si ocultó información a la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos (SEC) y al mercado en general estaría incurriendo en un fraude, advirtió el diputado petista Mario Di Costanzo y señaló que no ha desistido de llevar a juicio político al secretario Juan Molinar y a funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El presidente de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (Amedi), Raúl Trejo Delarbre, aseguró que hay indicios suficientes para que el gobierno mexicano impida que Nextel explote el espectro y cumpla con su obligación de repetir la licitación 21 con toda la reposición del proceso.

Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom, pusieron en duda que Nextel realice las inversiones para el desarrollo de la nueva red de telecomunicaciones ante la incertidumbre que se mantiene sobre la legalidad del concurso, y advirtieron que la Cofetel no debe licitar más espectro hasta que haya claridad legal sobre la licitación 21.

Mario Di Constanzo señaló que al existir un amparo concedido a Grupo Iusacell en contra de la explotación del título de concesión entregado a Nextel, el gobierno mexicano debe devolver el dinero que recibió por esos 30 Mhz y volver a diseñar la licitación, las reglas y los paquetes. Dijo que entre los elementos que la SCT tiene para echar atrás la entrega de títulos está que el concurso lo ganó la empresa conformada entre Televisa y Nextel, pero al disolverse esa sociedad ya no existe dicha empresa y Nextel no puede ser el concesionario.

Dijo que si el asunto se quiere ver como un acto consumado, el camino legal para que Nextel no explote el espectro consiste en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emita una opinión final sobre las irregularidades, se sancione a los funcionarios involucrados y, ante lo evidente del daño patrimonial, se reponga el procedimiento.

Señaló que el nuevo elemento en este caso es el presunto fraude y la violación a las disposiciones del mercado de valores en México y Estados Unidos, al ocultar información sobre los litigios a lo largo del concurso, y al usar información privilegiada para vender sus acciones cuando repuntaron, a pesar de que en Nextel sabían que el concurso tendría problemas.

En tanto el presidente de la Amedi, Raúl Trejo dijo que el Poder Legislativo y el gobierno mexicano tienen en sus manos suficientes elementos para considerar que no se cumplieron las condiciones de la licitación y que por lo tanto debe repetirse el concurso, pero falta que haya decisión del gobierno, porque aunque parezca que todo se resolvió con la entrega de títulos, se mantiene la exigencia de reponer la licitación 21 y acabar con el régimen de privilegios a Televisa.

Destacó que al continuar con su agenda de licitaciones la Cofetel sigue comportándose con una notable indiferencia ante un contexto político, y advirtió que estar a punto de lanzar nuevas licitaciones, incluso del espectro que se reservó o quedó desierto en la licitación 21, es inadecuado en términos políticos y jurídicos.

Ramiro Tovar consideró poco probable que Nextel esté desarrollando la red para dar servicios que le permiten los 30 Mhz que se adjudicó en la licitación 21 dados los impedimentos legales y posibles infracciones judiciales a las que sería sometido si prosperan los recursos legales promovidos por Iusacell, mientras, en sentido contrario, Telcel y Telefónica avanzan en la realización de pruebas para la introducción de nuevas tecnologías de servicios móviles.

Detalló que si se confirma el dicho de su principal opositor Nextel habría incurrido en la violación a las leyes bursátiles denominada Inside Trading o uso de información privilegiada para obtener beneficio con anterioridad a que el mercado conociera la información.

Ocultaron rompimiento de sociedad con Televisa

Ahora están en el aire las dos posibles infracciones cometidas por Nextel no haber reportado al mercado y a la SEC los recursos legales promovidos en México contra la licitación 21 conforme se fueron dando, de tal forma que se conocieran por el mercado de forma transparente. Y pudo ser el caso da haber habido venta de acciones de NII, la controladora de Nextel México al anticipar la decisión de Televisa de retirarse de la oferta de compra de 30 por ciento del capital social de Nextel, lo cual se debe esclarecer.

Jorge Fernando Negrete consideró que la persistencia y legítimo derecho de Grupo Iusacell por impugnar el proceso de licitación y luego la explotación del título de concesión podría dar resultado, sobre todo si a la serie de litigios en contra se suma el interés del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en reponer el proceso.

Destacó que Iusacell también tiene a su favor que encontró un punto negativo en Nextel que consiste en no tener un buen plan de negocios, haber hecho un mal diagnóstico en torno de las telecomunicaciones en México, aliarse con el socio equivocado y no informar totalmente y con veracidad los riesgos de todo ello.