Madrid, 2 de diciembre. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, propuso apelar al artículo 29 de la Constitución y decretar el estado de excepción en varias regiones de México, señalan documentos secretos del Departamento de Estado, filtrados por Wikileaks y dados a conocer por el diario El País; mientras el entonces subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, advirtió que existe el riesgo de perder el control de varias zonas del país.

En uno de los informes se relata la reunión que sostuvo Galván Galván con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, en la que propuso invocar el artículo 29 constitucional para decretar el estado de excepción en varias áreas del país, lo que a su juicio le daría una cobertura legal más sólida a los militares en su lucha contra el crimen organizado.

Según el informe número 231890, clasificado como secreto, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió más tarde con el funcionario estadunidense, desestimó lo dicho por Galván y defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de respetar el fuero militar pues, dijo, era suficiente para darle al Ejército un soporte legal en sus actividades. Nuestro análisis es que los beneficios legales de invocar el estado de excepción son inciertos, mientras el costo político es alto, concluye el informe.

El documento agrega que para el gobierno de Calderón no es decisión sencilla decretar el estado de excepción, situación que no ha ocurrido desde que México declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso señala que el gobierno se abstuvo de incluirlo en hechos históricos, como la represión del movimiento estudiantil de 1968, el terremoto de 1985, el alzamiento zapatista de 1994 y las protestas de Oaxaca de 2006.

Al evaluar otros intentos de reformar las leyes con el propósito de facilitar el combate al narcotráfico y permitir una base legal más concreta para la participación militar, se señala que los partidos de oposición expresaron su resistencia a estas reformas. El documento indica que contactos en el PRI han indicado que preferirían limitar la autoridad presidencial en lugar de ampliarla, mientras el senador Tomás Torres, del PRD, dijo que la reforma para codificar el papel militar tiene pocas posibilidades de ser aprobada.

Los estadunidenses concluyen que cualquier beneficio que Calderón obtuviera con un estado de excepción “sería minado por los altos costos políticos… mientras la posibilidad de una declaración de estado de excepción no puede ser descontada en el futuro, el gobierno de México parece estar lejos de considerlo como eficaz”.

Sólo 18 meses

En otro despacho, fechado el 5 de octubre de 2009 y archivado como confidencial, se detalla el contenido de la reunión que sostuvieron varios personajes de ambas administraciones. Por parte de México participaron el coordinador del Sistema de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón; el subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, y tres representantes de la Procuraduría General de la República: Marisela Morales, Emilio Corzo Cabañas y Óscar Rocha Dobrowski. Por parte de Estados Unidos asistieron cinco funcionarios de la fiscalía del Estado: Bruce Swartz, Kennet Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales insistieron en la urgencia del país por recibir más capacitación, tecnología y recursos. También se manifestó la angustia de los mexicanos por lograr la colaboración, al grado de que Gerónimo Gutiérrez reconoció que sólo hay un margen de 18 meses para lograr un éxito tangible, ya que se corre el riesgo de que no se pueda mantener la confrontación en la próxima administración.

Gutiérrez aseguró que el gobierno de México corre el riesgo de perder el control en varias zonas del país. El documento lo describe así: Gutiérrez fue más allá al decir que, sin embargo, se ha dado cuenta de que ya ni siquiera hay tiempo para afianzar la preparación de las instituciones en los años que restan de la administración Calderón.

Se agrega la apreciación de que en la sociedad mexicana se ha instalado el miedo y que aun en regiones como Mérida, donde hay índices de seguridad al nivel de Europa, existe temor ante la inestabilidad de las ciudades próximas.

Esta situación está dañando la reputación internacional de México, hiriendo las inversiones extranjeras, y llevando a una sensación de gobierno impotente, concluye el cable.

A juicio de Gutiérrez, es vital que haya más cooperación con Estados Unidos y que, sobre todo, se desarrolle una estrategia de éxito en las ciudades donde más afloran la violencia y el delito, y citar como ejemplos Tijuana, Ciudad Juárez y otra ciudad como Culiacán. Pues, agrega, no hay tiempo para programas piloto en urbes relativamente tranquilas, como Nuevo Laredo.

Los informes secretos de la diplomacia estadunidense que se refieren a México son más de 2 mil 800, de los cuales sólo se han difundido seis, si bien éstos contienen información sobre el curso de la lucha contra los cárteles de la droga del gobierno del presidente Felipe Calderón.