Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), recibió nuevas amenazas contra su vida y la de su esposa, luego de que este colectivo exigiera a las autoridades de Guerrero que cumplan con la reparación del daño por la violación de Inés Fernández y Valentina Rosendo, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano.

Así lo denunció ayer el propio activista en conferencia de prensa, acompañado por representantes de otros organismos defensores de garantías individuales, quienes urgieron al gobierno a otorgar medidas de protección a ambos, luego de los reiterados actos de intimidación que han sufrido.

Los integrantes de la OPIM –organización ubicada en la Costa Chica de Guerrero, que se ha encargado de investigar diversos abusos contra los pobladores de la región– han sufrido múltiples amenazas, lo cual provoca ya el éxodo de al menos seis de ellos a otras entidades.

La más reciente amenaza ocurrió el pasado 28 de noviembre, cuando un grupo de desconocidos deslizó un anónimo bajo la puerta de la casa donde Ramírez y su esposa Otilia Eugenio se encuentran ocultos. En dicho escrito, se les advertía que los iban a matar si seguían insistiendo en su demanda de justicia para Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas militantes de la OPIM.

Luego de una reunión sostenida a inicios de noviembre con representantes de la Secretaría de Gobernación, donde propusieron el inicio de una mesa de diálogo para definir los mecanismos de reparación del daño con respecto a las activistas, los actos de intimidación recomenzaron, señaló Ramírez.

Parece que la respuesta a lo que pedimos fue mandarnos más soldados y amenazas. El gobierno quiere que desaparezcamos para no tener que cumplir la sentencia de la Corte, como la reforma al Código de Justicia Militar. Responsabilizamos a Felipe Calderón y a Zeferino Torreblanca (gobernador de Guerrero) de lo que nos pueda pasar, advirtió.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, denunció que las autoridades locales no le han brindado medidas cautelares de protección a más de 100 activistas –entre ellos Cuauhtémoc Ramírez y Otilia Eugenio– a pesar de la orden explícita de la CIDH en ese sentido, con el pretexto de que no hay agentes o dinero para hacerlo.

Alberto Herrera, director adjunto de Amnistía Internacional México, subrayó que la responsabilidad del Estado en estos casos está muy clara, y llamó a éste a cumplir con los mandatos del organismo interamericano, y a no perpetuar más su negligencia.