Por primera vez se practicará una auditoría integral al plan hídrico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sureste del país, específicamente a los programas para el control de presas y para remediar las inundaciones que a causa del cambio climático se han recrudecido en esa región, anunció Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación (ASF).

En entrevista con La Jornada, destacó que ya se trabaja en la planeación de la auditoría, la cual estará bajo la supervisión de la ASF, órgano dependiente de la Cámara de Diputados. En los trabajos, destacó, están involucrados auditores y contralores internos de Tabasco y Chiapas, entre otros, además de funcionarios federales.

Portal enfatizó que nunca se había logrado tal coordinación entre las entidades fiscalizadoras y contralorías de los tres niveles de gobierno, para una revisión sobre el uso de recursos públicos en los programas referidos. Esto incluye acuerdos con los poderes legislativos en los estados, pues las 32 auditorías superiores dependen de los congresos locales, mientras las contralorías son órganos del Ejecutivo.

Para el caso de los programas de Conagua, se acordó una supervisión focalizada a fin de responder de manera oportuna ante cualquier irregularidad y prevenirla.

En los años recientes los gobiernos de los estados sureños han recibido mayores recursos del gobierno federal, a causa de las fuertes inundaciones que tan sólo en Tabasco dejaron daños por más de 7 mil millones de pesos este 2010.

El auditor destacó que uno de los problemas que se deben atacar para lograr una mejor fiscalización sobre el gasto de los recursos del erario, en los tres niveles de gobierno, es la contratación de personal competente, con experiencia y conocimientos.

Destacó que desde el nivel municipal hasta el federal, aunque en este último en menor medida, existe mucha rotación entre los funcionarios y el personal de las contralorías y las áreas fiscalizadoras, situación que depende del partido político que gana las elecciones a nivel local y federal. Llega gente recomendada, que no tiene conocimiento ni experiencia; si hubiera un servicio civil de carrera, mayor transparencia para la contratación de personal adecuado y competente, así como una profesionalización permanente, habría una mejor fiscalización de los recursos públicos.