Oaxaca, Oax., 4 de diciembre. El gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, salió en defensa de los integrantes de su gabinete, en particular del secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, quien en 2000 estuvo involucrado en la compra ilegal de 12 helicópteros para la Policía Federal Preventiva, que dependía de la Secretaría de Gobernación encabezada entonces por Diódoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de la entidad.

A mí (también) me querían meter a la cárcel, y era por mentiras, dijo en referencia a que después de participar en la elección de gobernador en 2004, fue acusado por el Congreso local de incurrir en peculado durante su cargo como presidente municipal de la capital del estado. En ese caso yo también estaría inhabilitado. Pueden revisar en la Secretaría de la Función Pública.

Cué Monteagudo rechazó que planee cambios en su administración antes las críticas que ha recibido en la prensa local por el nombramiento de algunos funcionarios. Todos sus colaboradores, dijo, son personas honestas que cuentan con la capacidad y experiencia para el buen desempeño de los cargos y tienen su respaldo.

Ninguno tiene antecedentes penales y se les dará el tiempo necesario para que den resultados, aunque el plazo no será de tres meses pues nadie puede cambiar la realidad de Oaxaca en cien días, comentó.

Hizo énfasis en que el cambio ya empezó. Voy a ser muy cuidadoso en la evaluación y en los funcionarios, pero ninguno de ellos está impedido legalmente para desempeñar su cargo”.

Informó que en los próximos días todos sus colaboradores publicarán sus declaraciones patrimoniales y sus cartas de antecedentes no penales.

Cué Monteagudo fue entrevistado luego de participar en la entrega de cartillas a jóvenes conscriptos en la Base Aérea Militar número 15 de San Juan Bautista La Raya, que encabezó el general de división Alberto Martínez Herrera.

Allí reconoció la labor y los esfuerzos del Ejército en beneficio de la población cuando ocurren desastres naturales y anunció que su gobierno tendrá una estrecha coordinación para atender la seguridad en el estado.