Después de más de dos años de análisis y negociaciones las fuerzas políticas en el Senado llegaron a un acuerdo para crear la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual establece un sistema penal con jueces, magistrados y ministerios públicos especializados en juzgar a menores de edad que hayan incurrido en delitos federales, entre ellos terrorismo, involucramiento en narcotráfico, secuestro, homicidio, robo calificado y violación.

El presidente de la Comisión de Justicia, el senador del PAN Alejandro González Alcocer, y el perredista Tomás Torres coincidieron en que se trata de un avance importante, debido a que desde 2005, cuando se reformó la Constitución para incorporar un sistema de justicia penal para adolescentes, no se había acordado la legislación secundaria para llevar a la práctica las nuevas normas que regirán para quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18.

Los legisladores resaltaron que se trata de una norma que privilegia la reinserción social de los infractores, el pleno respeto a sus derechos humanos durante el proceso y el cumplimiento de la sanción, que va de arraigo domiciliario por cuatro años a la libertad vigilada o la reclusión por cinco años en centros especiales.

Tomás Torres resaltó que una de las modificaciones centrales es que los adolescentes que hayan sido sentenciados deberán permanecer en prisión después de cumplir 18 años de edad. Actualmente, sin importar el delito que hayan cometido, salen libres de los consejos tutelares al alcanzar la mayoría de edad.

Además, agregó, se procesará a jóvenes de hasta 25 años por delitos graves cometidos cuando eran adolescentes. Ello, expuso a su vez el panista Felipe González, para terminar con la impunidad de menores que roban, secuestran, asesinan y evaden la justicia a los 18 años.

Sostuvo que ello propicia que adolescentes y jóvenes se mantengan en el crimen organizado.

La ley prevé un sistema federal de justicia para adolescentes con jueces de distrito y magistrados de circuito especializados en la materia, así como una unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes –éstos últimos de entre 18 y 25 años– dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus atribuciones.

Prohíbe aplicar a los jóvenes infractores la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como medidas disciplinarias colectivas o castigos corporales. Tampoco la fuerza contra los adolescentes, excepto para impedir que el menor se lesione o a otros.

Igualmente, se prohíbe que los adolescentes sean aislados, salvo en los casos en que sea estrictamente necesario.

La sanción más grave prevista en la ley es la privación permanente de la libertad en centros federales de internamiento. Ésta se aplicará a quienes cometan ilícitos graves que tengan 14 años cumplidos y menos de 18. La condena va de dos a siete años de reclusión.

Se contempla la reparación de la ofensa provocada por el menor, incluso con una indemnización por el daaño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

El dictamen de esta Ley Federal de Justicia para Adolescentes fue aprobada en comisiones en lo general el jueves pasado. Quedaron algunos puntos pendientes, entre ellos la aplicación de los juicios orales, pero la intención es que se presente a primera lectura en la sesión de este martes.