Cancún, 4 de diciembre. Conforme la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Cancún avanza, el choque de trenes parece inevitable. En medio de la crispación de las delegaciones, el llamado que Felipe Calderón hizo el día de hoy desde la 20 Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, para que los gobiernos de la región aprueben los acuerdos que se debaten en el encuentro, no es más que un un grito en el desierto.

Las posiciones en pugna parecen irreconciliables. Precisamente son varios países de América Latina los que defienden beligerantemente un punto de vista radicalmente opuesto al de los países desarrollados. No hay en este debate lugar para posiciones intermedias. Y los llamados del mandatario mexicano no tienen nada que ver con lo que sucede en la conferencia.

En Cancún se discute hoy el futuro del Protocolo de Kyoto, que se firmó en 1997. En él, 37 países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2012 en 5.2 por ciento con respecto a los niveles de 1990. En lo esencial, no lo han hecho. Por el contrario, algunos lo han incrementado.

De un lado se encuentra el G77, ahora integrado por 130 países, que exige que se avance a un segundo periodo de compromisos. Del otro Japón, Canadá y Rusia, que buscan no firmar el segundo periodo. Japón dice que no se sumará a la iniciativa porque Estados Unidos no lo hace y Washington pretexta a su vez la falta de compromisos de China.

México ha estado jugando del lado de los países industrializados. El texto presentado hoy por la canciller Patricia Espinosa recibió una dura crítica de Pablo Solón, embajador boliviano para las Naciones Unidas. El diplomático señaló que no ha habido una negociación oficial en la que participen todos los países sino, tan sólo, consultas informales en las que se escucha a algunas naciones.

La desconfianza en la presidencia mexicana de la conferencia es muy grande entre varias naciones latinoamericanas y africanas, y una gran cantidad de ONG y movimientos sociales que participan como observadores. Están seguros de que ante el estancamiento de las negociaciones, la representación mexicana prepara una salida no consensuada similar a la que se intentó y fracasó en Copenhague.

Rafael Elvira, titular de Semarnat, tuvo que enfrentar versiones asegurando que México no cuenta con ningún documento negociado, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional reunida aquí a manejarse con toda la claridad y transparencia.

Las declaraciones fueron vistas por muchos de los asistentes como una confirmación de que se trabaja en un documento alterno de manera secreta. Así, no pocos asistentes están seguros de que mientras se realiza sin pena ni gloria la plenaria oficial, y se celebran encuentros de los grupos informales, el verdadero encuentro se efectúa tras bambalinas.

Este encuentro es el que más dificulta la participación de la sociedad civil en su discusión y análisis, y ahora estos obstáculos son mayores, tanto así que se habla de que, bajo la presidencia mexicana, se ha fortalecido la tendencia a operar bajo el esquema del cuarto verde, nombre que se le da a la forma centralizada en la que se toman las decisiones en la Organización Mundial del Comercio, acuñada porque las oficinas del director de esa institución están pintadas de color verde.

Parte fundamental del G77 son los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba) en general, y especialmente Bolivia. Este país andino exige un acuerdo diferente en el que las reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) no estén vinculadas a los mercados de carbono.

El origen de estos mercados está ligado a la firma misma del Protolocolo de Kyoto. En aquel entonces, la delegación de Estados Unidos introdujo una serie de propuestas para el comercio de emisiones que socavaron los objetivos del acuerdo. Su idea era permitir que los países industrializados que firmaban el tratado, en caso de no querer reducir las emisiones en su propio territorio, pudieran intercambiar esos compromisos por la promesa de reducir las emisiones en otros países.

Como explica Larry Lohman, el comercio de emisiones es un sistema complejo con un objetivo sencillo: abaratar los costos que las empresas y los gobiernos deben destinar a cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones.

La objeción de Bolivia tiene sentido para los países del sur. Los mercados de carbón no permiten resolver el reto principal para enfrentar el calentamiento global: iniciar una nueva etapa en la que se deje de lado el uso de los comestibles fósiles, que son los principales responsables del cambio climático de origen humano. Por el contrario, el comercio de emisiones ha mostrado su absoluta inutilidad para cambiar este patrón energético. Es ineficaz e injusto.

En el choque de trenes en marcha, la apuesta de los países industrializados es a vaciar el Protocolo de Kyoto y sustituirlo por un acuerdo no oficial, no vinculante (que sujeta a una obligación), y de acuerdos parciales que apuntalen los mercados de carbono.

Los países industrializados necesitan apuntalar el comercio de emisiones, que está en clara crisis. Según el Informe Stern sobre cambio climático, redactado por encargo del gobierno inglés, el cambio climático constituye el mayor fracaso del mercado visto hasta ahora. Para hacerlo, se requiere, desde su lógica, abrir nuevos mercados (como el de los bosques) que pueden resolver lo que los anteriores no pudieron hacer.

Esto es, en parte, el trasfondo real de lo que abierta o secretamente se discute hoy en Cancún. Por eso el choque de trenes parece inevitable.