odría parecer paradójico y hasta contradictorio que una entidad de análisis del empresariado demande alzas salariales significativas, como lo hizo ayer el Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP), el cual señaló la necesidad de impulsar el mercado interno mediante la creación de empleos formales, suficientes y bien remunerados. Advirtió que, ante la incertidumbre financiera internacional, se debe fortalecer la economía para reducir el riesgo de un contagio crítico.

Pero, si se toma en cuenta el gravísimo deterioro salarial registrado en el país en décadas y años recientes, no sólo ni principalmente como resultado de las turbulencias económicas mundiales sino, sobre todo, a consecuencia de la persistencia en políticas de contención salarial demandadas por las cúpulas patronales y aplicadas por los diversos gobiernos del ciclo neoliberal, podrá apreciarse que tal estrategia ha terminado por afectar la capacidad de las empresas privadas para crecer y obtener mayores dividendos. En un mercado interno deprimido por la exasperante caída del poder adquisitivo del ingreso de la mayoría de la población, y con la contracción de los mercados internacionales resultante de la recesión que aún se padece, las posibilidades de expansión y hasta de supervivencia empresarial terminan por reducirse.

Un dato que ilustra de manera fehaciente las dimensiones del retroceso que ha vivido México en esta materia es que en los últimos ocho años los salarios reales en Brasil avanzaron, en promedio, más de 53 por ciento, mientras en nuestro país, en ese mismo lapso, se contrajeron cerca de 42 por ciento. Convertido a dólares, por ejemplo, nuestro salario mínimo se encuentra por debajo de cinco dólares diarios, en tanto que en Brasil se eleva a más del doble. Para mayor vergüenza, mientras en la nación sudamericana el avance salarial fue generalizado, en México el retroceso se centró en los sueldos más bajos, toda vez que las percepciones de los altos ejecutivos son muy semejantes a las del país sudamericano, y las de los funcionarios públicos se encuentran, en promedio, por encima de sus homólogos brasileños.

No hay paradoja ni contradicción en la postura expresada por el CEESP de cara a las negociaciones anuales en torno a los incrementos al salario mínimo. Si las autoridades no abandonan la estrategia de contención salarial –que empezó siendo, se dijo, de razón antinflacionaria, luego se le presentó como una vía para impulsar la rentabilidad y la productividad, y ahora se mantiene como una inercia que no requiere de argumentos racionales– y no asumen la urgencia de empezar a revertir la situación económicamente catastrófica por la que transita el sector mayoritario de la población, afectado por la caída de sus ingresos, no habrá forma de orientar al país hacia una recuperación perceptible y sólida, y se pondrá en riesgo hasta la viabilidad del tejido empresarial del país.

Debiera sobrar la mención, pero el peligro no es únicamente económico, sino también político y social, porque la desesperanza ha calado en millones de ciudadanos que sufren el deterioro de su capacidad de consumo, pero también de la seguridad pública, de los servicios de salud, educación y, en general, de la calidad de vida. Y tarde o temprano, de no variar el rumbo en la conducción gubernamental, la suma de esas desesperanzas minará las perspectivas, de por sí precarias, de la gobernabilidad.

Esta vez resulta indispensable prestar atención al planteamiento empresarial y proceder a un incremento generalizado de los salarios.