La guerra contra el narcotráfico que lleva a cabo el gobierno federal arroja un balance desfavorable para la niñez y la adolescencia mexicanas, manifestó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien llamó a dejar de criminalizar a los menores que han sido sumados a las filas de la delincuencia organizada pues, aseguró, no son victimarios, sino víctimas de un sistema que ha violentado continuamente sus garantías.

Entrevistado durante la presentación del informe anual La infancia cuenta, que este año aborda el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en México, Pérez García aseveró que si bien dicha estrategia puede ser necesaria y legítima para algunos sectores, en los hechos la infancia está siendo afectada, pues está poniendo muchos muertos y hay pocos resultados en su beneficio.

Según la Redim, los decesos de menores de 18 años vinculados con la guerra contra el narcotráfico, ocurridos en los pasados tres años, suman mil 66. De ellos 166 han sido este año, pero eso es sólo lo que aparece en los medios. Han de ser muchos más y se han reportado particularmente en Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango.

Añadió que la violencia también ha acentuado en los menores y en sus padres la percepción de inseguridad, lo cual limita sus entornos para esparcimiento y juego y ha elevado los niveles de agresión escolar en las zonas más conflictivas del país.

Consideró que dicha guerra debería tener visiones estratégicas para las poblaciones más vulnerables o en mayor riesgo, pues un síntoma de que algo no está bien es el incremento de homicidios entre los adolescentes.

Explicó que en el últimos tres años “la tasa de homicidios en el segmento de 15 a 17 años se triplicó en Chihuahua y se quintuplicó en Sinaloa. Eso tiene relación directa con la estrategia contra el crimen organizado”. Añadió que ante eso el gobierno debe tomar medidas preventivas, dar atención a esos casos y no dejarlos impunes.

De igual forma, continuó, “debe proporcionar información exacta y puntual sobre cuántos niños han resultado lesionados, detenidos y asesinados en esa guerra antes de decir si están o no vinculados con el crimen”. Además, crear una defensoría de derechos de los niños que sea autónoma y permita investigar esos casos.

Sobre los adolescentes sumados a las filas del narcotráfico, insistió en que lo primero es cambiar la mirada, dejar de criminalizarlos, pues es algo que no hacen voluntariamente. Aseguró que en esos casos no se puede hablar de reclutamiento, porque ello es una expresión de explotación económica, ya que el crimen organizado está encontrando en ese segmento la fragilidad, por su edad; la precariedad económica y unos vínculos débiles con sus familias y los está explotando, ya que obtiene beneficios económicos de ellos.

Apuntó que así como el crimen organizado ya ha “sacado ventaja económica de migrantes, empresarios y campesinos, ahora también lo hace de los adolescentes. Es importante entenderlo para evitar criminalizarlos, porque la mayoría son víctimas, incluso aquellos que parece que lo voluntariamente.

Eso tiene que ver con la ausencia de otras opciones. Generalmente cuando un adolescente violenta la ley, es porque a él le han atropellado sus derechos. Antes de criminalizar hay que preguntar qué dejaron de hacer el Estado y la familia para que ello sucediera.

Se pronunció en contra de bajar la edad para sancionarlos y resaltó que México está impedido para hacerlo por los acuerdos que ha suscrito, entre ellos la Convención de los Derechos de los Niños.