La familia de la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido, su representante legal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aseguraron que la investigación sobre la muerte de la activista aún no es un asunto finalizado, y advirtieron que no cejarán en su empeño de que las autoridades esclarezcan el crimen y reconozcan que la conclusión ratificada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el suicidio simulado fue una decisión irregular y deficiente.

Jesús Ochoa, hermano de Digna, y su actual abogado, David Peña, informaron en rueda de prensa que el próximo día 14 presentarán un recurso de inconformidad ante el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, con el fin de intentar convencerlo de que se equivocó.

Anunciaron que en enero de 2011 acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que admita el estudio sobre las supuestas violaciones procesales en la indagatoria abierta para investigar la muerte de la activista.

El abogado Peña aseveró que la PGJDF resolvió la investigación del caso Digna conforme a criterios burocráticos (para proteger a los ex funcionaros de la procuraduría que en 2003 concluyeron que la activista se suicidó) y de protección a los grupos políticos a los que pertenecen Mancera y Marcelo Ebrard (jefe del gobierno capitalino), pero no conforme a sus obligaciones constitucionales.

Ochoa y Peña –acompañados por Fernando Coronado, de la CDHDF, quien sostuvo que el de Digna es un crimen impune– advirtieron que si después de revisar el recurso de inconformidad la PGJDF insiste en su teoría del suicidio, el siguiente paso será presentar una demanda civil por responsabilidad patrimonial en contra del Gobierno del Distrito Federal, particularmente de Mancera.

La actuación irregular y deficiente de la procuraduría del Distrito Federal ha propiciado no sólo 10 años de desgaste y de revictimización para la familia de Digna, sino 10 años en los que se han tenido que costear pagos a abogados, peritos, viajes a Veracruz y los viajes internacionales para acudir ante la CIDH, refirió el representante legal de los Ochoa y Plácido.

David Peña es un abogado joven, pero con amplia experiencia en derecho internacional y en litigios vinculados con crímenes de difícil resolución, cuyo denominador común es la ineficiencia de las autoridades ministeriales.

El penalista representó, por ejemplo, a familias de víctimas de asesinatos de mujeres no investigados en Ciudad Juárez, Chihuahua, fundamentalmente el caso conocido como campo algodonero, que culminó hace unos meses con una resolución favorable de la CIDH.

Dos semanas atrás, en un dictamen de 3 mil 156 cuartillas, la PGJDF concluyó que Digna Ochoa era una mujer conflictiva, con tendencias esquizoides y otros trastornos de personalidad, los cuales la llevaron al suicidio. A esa misma conclusión llegó en 2003 Margarita Guerra, titular de la fiscalía especial que se creó para investigar la muerte de la abogada.

El documento de propuesta de no ejercicio de la acción penal, que avaló el procurador Mancera –La Jornada tuvo acceso al expediente ministerial–, concluye que todos los dictámenes de criminalística coinciden en que, por la posición en que apareció el cadáver y el tamaño reducido de la estancia, no era posible que alguien hubiera asesinado a la defensora de los derechos humanos.

De acuerdo con los peritos de la PGJDF, la mecánica del suicidio fue: Digna hizo un tiro de práctica en un sillón (disparo de contacto). Luego, estando sentada, se disparó en un muslo (también disparo de contacto, es decir, el arma apoyada contra el cuerpo). Intentó ponerse de pie, cayó de rodillas y, sosteniendo el arma con la mano izquierda y al revés (es decir, el arma con el gatillo viendo hacia arriba), se disparó en la cabeza (también tiro de contacto).

Los peritajes aportados en 2006 por especialistas en química forense y criminalística, contratados por los Ochoa y Plácido, demuestran lo contrario: que hay indicios encontrados en la escena del crimen y en el cadáver de la abogada que demuestran que fue asesinada.

Para fundamentar su idea del suicidio, la PGJDF sacó de contexto declaraciones de compañeros de trabajo, familiares y amigos de Digna; incluso recuperó cartas y comunicaciones de la abogada que datan de 10 o 15 años atrás, todo para sustentar su aparente trastorno de personalidad que, en teoría, la habría llevado al suicidio, comentó Peña.