sta vez, los policías ministeriales, vestidos de negro, fuertemente armados y a bordo de varias camionetas recorrieron los caminos de la Sierra Tarahumara, no para perseguir sicarios ni para amedrentar indígenas. Iban, simplemente, a apoyar la ejecución de cinco juicios agrarios que devuelven al ejido de Baqueachi 5 mil hectáreas, invadidas desde hace muchos años por los ganaderos que habitan el pueblo de San José. Iban listos para efectuar el raleo de ganado, pero, como dice Sun Tzu, la mejor batalla es la que se gana sin necesidad de pelearla: fue tal la fuerza de la comunidad indígena, tal el peso del proceso legal que ni las autoridades pudieron regatear el apoyo de la fuerza pública, ni los invasores pudieron entercarse a mantener las tierras invadidas.

Por resolución presidencial pronunciada el primero de marzo de 1928, el ejido Baqueachi, municipio de Carichí, del estado de Chihuahua, fue dotado con una superficie de 44 mil 784 hectáreas, para beneficiar a los integrantes de la tribu tarahumara del pueblo de Baqueachi.

El razonamiento que motivó la expedición del mandato presidencial fue –esencialmente– “…que esta tribu era una de las pocas en el norte de la República que conservaban todas sus costumbres ancestrales y había poseído desde tiempo inmemorial las tierras de que se trataba, por lo que, en rigor, deberían restituírsele, pero como carecían de títulos primordiales expedidos por la Corona española, era necesario dotarlo”.

Sin embargo, desde la ejecución de la resolución presidencial, la comunidad indígena ha estado padeciendo la ocupación de su territorio: por una parte, una serie de mestizos que se fueron avecindando e invadieron unas 25 mil hectáreas, y por otra, los ganaderos del vecino municipio de Nonoava, que se apoderaron de otras 7 mil.

La primera incursión trató de legalizarse, y en enero de 2006, 32 personas que no forman parte de la comunidad indígena, asesoradas por la Procuraduría Agraria, demandaron al ejido Baqueachi ante el Tribunal Unitario Agrario, reclamando reconocimiento como ejidatarios. La comunidad contestó las demandas, ofreció pruebas y opuso reconvención (contrademanda) de acuerdo con la ley. Luego de que se llevó a cabo el procedimiento de los 32 juicios en todas sus etapas, el Tribunal Unitario Agrario dictó las sentencias correspondientes, determinando que las personas que demandaron a Baqueachi no demostraron cubrir los requisitos establecidos en la Ley Agraria para ser reconocidos como ejidatarios y, en cambio, el ejido sí había aportado las pruebas suficientes para fundar sus pretensiones contenidas en la contrademanda, por lo que condenó a los demandantes a desocupar las tierras de uso común, propiedad de los indígenas y que indebidamente estaban usufructuando.

Aunque la comunidad ganó los 32 juicios, 28 de ellos fueron impugnados. Sin embargo, los tribunales federales ya han negado el amparo en 13 juicios. De éstos y de los cuatro que quedaron firmes, sin impugnarse, en 12 casos los invasores desocuparon voluntariamente el territorio. Y el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo –por el Tribunal Unitario Agrario y con apoyo de la fuerza pública– la ejecución de tres sentencias, en las que se involucran aproximadamente 5 mil hectáreas que fueron entregadas, sin incidentes que lamentar, a sus legítimos propietarios, como señalamos más arriba.

Este primer y muy importante triunfo de la comunidad de Baqueachi se debe fundamentalmente a tres factores. En primer lugar, a la solidez y unidad de una de las comunidades que más guarda sus usos y costumbres entre la etnia rarámuri, y por una admirable conducción de las propias autoridades rarámuri. Patricio Chávez Gabriel, inteligente, socarrón y tenaz, comenzó la lucha como comisario ejidal; la culmina como siríame: gobernador de la comunidad.

Recuerdo la segunda junta que tuvimos con él, allá en 1995: sacando un pollo asado de su morral de ixtle nos dijo: Mejor traje la comida desde mi casa para que no tengamos que andar comiendo en casa de los chabochis del ejido, de los que nos meten el ganado a las tierras. Espléndida síntesis rarámuri de lo que significa la soberanía alimentaria.

En segundo lugar, al acompañamiento tenaz, capaz, abnegado y continuo –a lo largo de 15 años– del equipo que encabeza la abogada Estela Ángeles; del padre Nacho, redentorista de Carichí, y de la asociación civil Bowerasa, formada precisamente para apoyar a los indígenas en la defensa de sus territorios. Debe destacarse que este equipo ya pagó su cuota de sangre en la persona de Ernesto Rábago Martínez, pareja y coadyuvante de la licenciada Ángeles, asesinado el primero de marzo pasado, precisamente fecha en que se conmemora el aniversario de la dotación del ejido. Además, ya hubo un ataque armado a la hija de la abogada y amenazas a ella misma.

En tercer lugar, por el sabio manejo que comunidad y equipo han hecho de los apoyos de instancias y personajes externos: la misión tarahumara, algunas organizaciones no gubernamentales, diputados amigos y autoridades agrarias.

Con este triunfo rarámuri, que combina la unidad y la movilización comunitarias con una asesoría jurídica competente y comprometida, la comunidad de Baqueachi les dice a sus hermanos de los pueblos indios:

¡Bowerasa!: (vamos) haciendo camino.