A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia condenatoria sobre el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez para el Estado mexicano por feminicidio, ninguno de los resolutivos se ha acatado a cabalidad, debido a la falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatal, así como a las disputas entre éstos, advirtieron defensoras de los derechos de las mujeres.

Karla Michel Salas, abogada del caso ante la CIDH, dijo que es lamentable la falta de compromiso del gobierno federal, porque en foros dice que la sentencia es inapelable y que la va a acatar, pero no hay acciones concretas para respetarla.

El 10 de diciembre de 2009, la CIDH responsabilizó a las autoridades mexicanas de violaciones a los derechos de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados junto a otros cinco (también femeninos) en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.

De acuerdo con la sentencia, durante este primer año el gobierno mexicano debió reiniciar las investigaciones del asesinato de las tres jóvenes, investigar a los servidores públicos que permitieron la impunidad de los crímenes, publicar la sentencia íntegra en las páginas de Internet de los gobiernos federal y local, realizar una página web con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en Chihuahua, crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a escala nacional y crear un Banco Nacional de Información Genética.

Además, debió realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de las mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

La defensora subrayó el hecho de que no se ha llevado a cabo dicho acto público y, en cambio, se nombró a Arturo Chávez como titular de la Procuraduría General de la República, con los antecedentes nefastos que tiene en Chihuahua por su estigmatización de las víctimas de feminicidio.

Por separado, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró una simulación del Estado lo hecho hasta el momento, porque en realidad se ha negado a entrar en el fondo a los resolutivos de la sentencia.

Sólo se requiere voluntad política y que el Estado que se dice democrático quiera garantizar la vida de las mujeres mexicanas, apuntó.

Lo mínimo que debía cumplirse, la disculpa pública y el memorial, no se llevó a cabo porque al Estado no le importa reconocer su responsabilidad.

Por su parte, Imelda Marrufo, directora de Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, consideró que la reparación de daños y el cumplimiento de una sentencia histórica se dejó de lado y se ha minimizado con respecto de otros asuntos, como el programa Todos somos Juárez, que jamás incorporó los derechos de las mujeres.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer aseguraron que las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan solicitarán a la CIDH que realice una audiencia de supervisión.