En el contexto de la entrega de 80 registros a asociaciones religiosas, el obispo de Gómez Palacio, Durango, José Guadalupe Torres, sostuvo que la situación de inseguridad en esa región es dramática y apremió a gobierno, civiles y organizaciones sociales a actuar para revertirla.

Informó que en su diócesis, al menos dos sacerdotes han sufrido tentativas de extorsión y a otros dos les robaron los vehículos en que viajaban.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, Torres Campos dijo que en esa zona hay mucha violencia, ilícitos y se percibe un ambiente de desolación, intranquilidad e inseguridad. Por ello, dijo, urge trabajar conjuntamente para recuperar la paz y seguridad en la entidad y el país. Concordó con la visión gubernamental en que la delincuencia organizada es un cáncer difícil de extirpar, ya que, expresó, cuando se detiene a un delincuente surgen tres más.

Por su parte, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Martín Zenteno Quintero, manifestó que el gobierno reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental, inherente a la dignidad de toda persona, un derecho humano de la mayor jerarquía.

Informó que con los 80 registros entregados ayer suman 7 mil 550 en total, lo que supone una muestra de confianza de las asociaciones religiosas en esta figura legal.

Zenteno Quintero aseguró que la integración de este tipo de agrupaciones es una muestra de pluralidad y tolerancia frente a quienes difieren en sus principios y creencias religiosas. Sostuvo que la libertad de creencias y de cultos es una conquista histórica de la sociedad mexicana y que el Estado reconoce como una forma de convivencia social.

Asimismo, el funcionario consideró que la integración de una asociación religiosa es un ejercicio auténticamente democrático y ciudadano, e implica el desarrollo de valores compartidos, así como el diseño y búsqueda de objetivos superiores a los intereses individuales para la consolidación del país.

En su turno, el secretario general de la Comisión del Episcopado Mexicano, René Rodríguez, afirmó que la Iglesia católica no busca privilegios en el trato con el Estado, sino actuar leal, abiertamente, en el fortalecimiento del tejido social que necesita recuperar paz y tranquilidad.

Ninguna expresión religiosa, aseveró, puede ser identificada con el Estado, pues la religión y la fe se encuentran en una esfera distinta de aquella en la que operan las instituciones políticas. Manifestó que es necesario reconocer el servicio de la religión para el desarrollo social y que todos los cultos pueden ser partícipes de los procesos sociales.

El jerarca católico manifestó que al Estado laico lo entendemos como no confesional, sin que esto quiera decir que sea agnóstico, ateo o adverso a la religión, sino democrático y que garantice la religión como derecho fundamental de toda persona, además de que su expresión individual o colectiva puede ser pública o privada.