a Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció ayer incrementos de 50 por ciento en promedio al precio de la tortilla, la cual se vende ya en un nivel de entre 13 y 15 pesos por kilogramo. Ello implica que en 24 meses este alimento básico en la dieta de los sectores populares ha experimentado un alza cercana a 300 por ciento, habida cuenta de que en diciembre de 2008 se vendía en cinco pesos.

Al hacer el anuncio, Lorenzo Mejía Morales, presidente de la organización referida, argumentó que se ha elevado el precio de la tonelada de maíz a pie de molino (de 3 mil 150 a 3 mil 700) y atribuyó el alza a los apapachos del gobierno federal hacia especuladores y empresas, los cuales, dijo, tienen a los molineros y productores de tortilla con una bota en el cuello, orillan a la quiebra a miles de pequeños industriales y provocan, de esa manera, la pérdida de miles de empleos.

El declarante agregó que las tortillerías resienten la pulverización de sus utilidades a consecuencia de los incrementos en los costos, y dijo que si el gobierno no establece una mesa de negociación orientada a poner orden en el sector, molineros y tortillerías nos veremos obligados a revisar y aumentar el precio de este alimento para poder enfrentar las alzas mensuales del gas, la gasolina y la electricidad.

El señalamiento de Lorenzo Mejía Morales es, cuando menos, verosímil, si se considera la tendencia general del gobierno a privilegiar los intereses de las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas. Por otra parte, la decisión del gremio tortillero pone de manifiesto que, a contrapelo de lo sostenido en el discurso oficial, los constantes incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios del gas y la gasolina sí que provocan espirales inflacionarias que afectan, sobre todo, a la población de menores recursos, para cuya economía el alza de precio de la tortilla es una noticia catastrófica.

Más allá de las razones que llevan a este incremento, es obligado analizar sus implicaciones en el escenario político, económico y social del país, en el cual la desesperanza y la irritación populares constituyen factores que debieran ser tomados en cuenta por quienes, en el sector privado y en la administración pública, adoptan decisiones que culminan en circunstancias tan riesgosas como la comentada.

La administración calderonista compara los actuales niveles de inflación con los que había en los años 80 del siglo pasado y se muestra muy satisfecho de la comparación. Deja de lado que hace 30 años existían diversos mecanismos de protección a la economía popular y políticas sociales para el campo y los asalariados, que permitían contrarrestar en alguna medida los efectos de la hiperinflación; ignora, asimismo, que el Estado tenía una solidez institucional de la que hoy carece: el modelo neoliberal acabó con aquéllos y con ésta, y actualmente el impacto social de la carestía es mucho más devastador que en aquel entonces.

El país está ya incendiado en varias de sus regiones, como lo prueban el descontrol y la violencia que imperan en el noreste y en Michoacán; si el gobierno federal asiste impasible a un incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla, resultará inevitable sospechar que no busca controlar el incendio sino, por el contrario, generalizarlo.