Un grueso paquete de más de 400 páginas con peritajes de criminalística, química y medicina forense fue aportado hace tres años por la familia Ochoa y Plácido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El expediente contiene pruebas técnicas que demuestran que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, fue un asesinato, no una acción suicida.

Semanas antes de anunciar su ratificación a la versión del suicidio, Mancera recibió a los familiares de Digna y a su actual abogado, David Peña. Nos dijo que nuestras pruebas y dictámenes fueron aceptados y agregados al expediente del Caso Digna Ochoa, pero que su contenido no fue analizado o contrastado con las actuaciones que en su momento realizó una fiscalía especial. Así de cantinflesca fue su explicación, señala el penalista.

La nueva conclusión del suicidio simulado –que implica que Digna montó una falsa escena del crimen para aparentar su propio homicidio– va a ser rebatida nuevamente por la defensa, pero ahora en un foro internacional. Puede convertirse en la primera demanda por el asesinato de una defensora de derechos humanos atendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con posibilidades de llegar a la más alta instancia legal, la Corte Interamericana.

Nos estamos preparando para una batalla legal aunque sea muy prolongada, asegura el hermano de la víctima, Jesús, maestro de escuela que a lo largo de estos años ha actuado como representante de la familia Ochoa Plácido desde su natal Misantla. Tenemos claro que a Digna la mataron y que las autoridades del DF volvieron a ignorar todas las pruebas que les aportamos desde abril de 2006.

Se trata de una nutrida batería de dictámenes en criminalística, química y medicina forense realizados por peritos independientes que trabajaron bajo la coordinación del penalista Antonio Becerril. Con ellos se demuestra, entre otras cosas, que antes de ser ejecutada de un disparo en la cabeza en las oficinas del bufete donde laboraba, la luchadora social fue golpeada y sometida por uno o varios agresores, que tuvieron un lapso de entre 10 y 12 horas para alterar la escena del crimen.

En el expediente constan varias fotografías tomadas durante la autopsia donde se aprecian esas lesiones. La anterior fiscal Margarita Guerra desechó estas pruebas, convencida a priori de la versión del suicidio. Cuando fueron exhibidas, alegó que la herida en una ceja que se aprecia en la fotografía es una gota de agua. También mandó rehacer otros peritajes en los que los técnicos que participaron en la autopsia cambiaron sus versiones para que constara que los moretones en el cuerpo de la víctima eran anteriores a la agresión.

Diez años, justicia negada

David Peña asegura que en marzo próximo la defensa estará lista para presentar un trámite de admisibilidad ante la CIDH. Tenemos un argumento muy fuerte: en octubre se cumplen diez años y el Estado mexicano sigue negando un proceso justo, científico y transparente.

Peña fue representante de las madres de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en el conocido caso del campo algodonero ante el sistema interamericano. El año pasado la Corte falló en contra del Estado mexicano.

El caso de Digna Ochoa siempre ha tenido una atención extraordinaria por parte de la CIDH, que incluso envió a sus propios peritos para observar la actuación de la procuraduría capitalina. El informe del coordinador de investigadores de la CIDH, Pedro Díaz Romero, fue muy crítico a las actuaciones de la PGJDF.

El trayecto puede ser largo, pero si ante una eventual recomendación de la comisión las autoridades insistieran todavía en no acatar una revisión a fondo de la investigación penal, el Gobierno del Distrito Federal podría encontrarse dentro de algunos años sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Encubrimiento

Entrevistados por La Jornada, Peña y Ochoa opinaron que el procurador Miguel Ángel Mancera optó por cubrir las espaldas a su antecesor Bernardo Bátiz.

–¿Por qué lo hace?

Responde Jesús Ochoa: Hay una decisión política del Gobierno del Distrito Federal de no confrontarse con Andrés Manuel López Obrador por este asunto. No puedo olvidar que fue durante el gobierno de AMLO que se decidió desviar la investigación.

Peña añade: Me parece que Mancera está cuidando las espaldas de los investigadores del equipo anterior. Ya no está la fiscal Guerra, pero los demás funcionarios siguen en puestos públicos. Entre ellos se encubren.

La abogada abatida, egresada de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, fue monja hasta pocos meses antes de su asesinato. Perteneció a una congregación de religiosas dominicas. Dirigió durante años el área jurídica del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, donde llevó a juicio a dos militares del batallón 40 de infantería de Petatlán, Guerrero, acusados por torturar a dos campesinos ecologistas.

Acosada durante años por amenazas de muerte y ataques físicos, al igual que muchos defensores en la época, tuvo que salir de México por una temporada. En Estados Unidos laboró en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos de Amnistía Internacional y de la fundación Speak Truth to Power, de Kerry Kennedy.

De regreso a México como litigante independiente, colaboró en el despacho de sus colegas Pilar Noriega y Lamberto González Ruiz en casos de represión política muy delicados, como el de los hermanos Cerezo y los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente Jacobo Arenas y Gloria Arenas (que en esa época todavía estaban presos en el penal federal de La Palma).

La investigación de la fiscalía especial fue duramente criticada por instancias jurídicas no gubernamentales por fabricar elementos, ocultar indicios y obstaculizar el trabajo de la coadyuvancia. Pero, sobre todo, por la inconsistencia de las líneas de investigación de los militares y la conexión guerrerense.

Los investigadores de la PGJDF acudieron a Guerrero a interrogar a los militares sospechosos, pero, según consta en los expedientes, se limitaron a preguntarles si conocían y tenían algún motivo para matar a la abogada.

En la última fase de la investigación, ahora bajo el mando de Ana Lilia Soria Cerca, fiscal de homicidios, los peritos de la procuraduría capitalina fueron al penal de La Palma, en Almoloya, a instancias de la defensa, a interrogar al cacique de Petatlán Rogaciano Alba, preso por narcotráfico pero también señalado como posible autor intelectual. El hombre se dio el lujo de responder: No tuve el gusto de conocer a la dama. Y hasta ahí llegaron los investigadores.

Peña explica que en la reciente reunión que sostuvo con Mancera éste le dijo que los peritajes independientes fueron tomados en cuenta porque no convencieron.

–¿Los analizaron?

–Parece que no. No se atrevieron a confrontar la investigación oficial con la independiente. Por eso el procurador ha tenido que recurrir finalmente al examen sicológico post mórtem, el aspecto más desacreditado de la investigación. Y esto nos lleva otra vez al punto de partida.