Zacatecas, Zac., 13 de diciembre. El contralor del estado, Guillermo Huízar Carranza, afirmó que como funcionario está obligado a respetar, por muy disparatada o fuera de lugar que me parezca, la demanda por daño moral que la ex gobernadora Amalia García Medina interpuso la semana pasada contra el actual mandatario, Miguel Alonso Reyes, y varios de sus colaboradores.

Huízar advirtió que las auditorías y otras investigaciones sobre la gestión de la perredista (2004-2010) no se detendrán porque Amalia García “haya decidido poner una demanda, como pudo haber decidido irse caminando al cerro del Tepeyac.

Es decir, ello no cambia en nada el trabajo, la seriedad ni la imparcialidad con que ha actuado la contraloría, dijo el auditor, quien consideró que Amalia García tiene la mintención de inhibir la acción de fiscalización de las instituciones públicas, pero eso no ocurrirá, señaló.

Imagínese si todos los contralores y auditores fuéramos demandados cada vez que hacemos una observación. Esto es francamente inaudito. Por ello, “esta acción de Amalia García no disminuirá el propósito de ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones a las distintas dependencias durante su mandato.

Es nuestro trabajo hacer auditorías; si no, no tendríamos razón de ser. Por eso hemos anunciado un segundo programa de auditorías a partir del 15 de enero, dijo.

Recordó que por instrucciones del gobernador Miguel Alonso Reyes, esta semana se revelarán más presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración de Amalia García, en particular en la Oficialía Mayor de Gobierno, que encabezó Eduardo Ruiz Fierro.

Obras cuestionadas

Guillermo Huízar reiteró que están en revisión varias obras del sexenio anterior, como la Plaza del Bicentenario y el Palacio de las Convenciones, así como inspecciones financieras al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas (Issstezac), a la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado, a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, y a los Servicios de Salud de Zacatecas.

Además, las dependencias que no aparecieron en las primeras auditorías no están exentas de ser revisadas.

Al mismo tiempo, continúan las notificaciones a los presuntos responsables de irregularidades y a la fecha ha avisado a 70 por ciento de los ex servidores públicos señalados como probables responsables de anomalías.

A García Medina, afirmó, se le ha buscado en el domicilio legal que proporcionó y no se le ha encontrado, por lo cual se han levantado las actas correspondientes que comprueban que esta dependencia está siguiendo los pasos legales.

Advirtió que si la ex gobernadora no es localizada esta semana en el domicilio oficial que ella ofreció (en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital de Zacatecas), será notificada por estrados de las observaciones que se hicieron a sus cuentas.

Amalia García presentó el viernes pasado, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), una denuncia por daño moral contra su sucesor, Miguel Alonso Reyes, el contralor Guillermo Huízar y el procurador de Justicia, Arturo Nahle García.

En su demanda, García Medina argumenta que la difusión de los resultados de las primeras auditorías a la administración que encabezó buscan dañar su imagen. En entrevista con Notimex, la ex gobernadora emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que presentó la demanda ante el TSJDF porque he sido agraviada en la ciudad de México; (los actuales funcionarios zacatecanos) vinieron aquí, donde están los medios de comunicación nacionales, para hacer acusaciones sin fundamento.

García Medina aseguró que el gobernador, el procurador y el contralor han violado la Constitución, y serán llamados ante el juez que conozca de la demanda. Se reclama a estos funcionarios el daño moral que han causado por la campaña de desprestigio iniciada en mi contra.

Añadió que los demandados difundieron informaciones y juicios de valor sobre su actuación con ánimo maliciosoy para causarle deshonra y descrédito públicos, al anticipar conclusiones de un proceso que no ha ocurrido.

La ex mandataria aclaró que no pidió dinero como reparación del presunto daño moral, sino que la resolución del TSJDF se difunda, con cargo al gobierno de Zacatecas, en los mismos medios de comunicación donde se divulgaron las supuestas irregularidades detectadas en su administración.

El mismo viernes, el contralor Guillermo Huízar explicó en un comunicado que el Código Civil del Distrito Federal entiende como daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida priva, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás.

Por ello, Huízar consideró que las auditorías a diversas dependencias del gobierno de Zacatecas son atribuciones de la administración estatal previstas de la Constitución y las leyes locales; por ello, no tienen por objeto afectar sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación o vida privada de la señora García Medina.

Agregó que esas auditorías tampoco buscan dañar la consideración que tienen de ella otras personas y mucho menos menoscabar su libertad o su integridad síquica.