or segunda vez en una semana, el gremio médico de Ciudad Juárez realizó un paro de 24 horas, en protesta por la violencia imperante en esa ciudad y en demanda de medidas concretas de las autoridades, orientadas a restaurar la seguridad pública. La medida afecta al conjunto de los hospitales públicos y privados, en los cuales sólo se dio atención a emergencias y a intervenciones quirúrgicas ya programadas. Los profesionales de la salud señalaron que una veintena de ellos han sido secuestrados de 2008 a la fecha, 11 en el año en curso, en tanto dos de los plagiados fueron asesinados, a pesar de haberse entregado rescate. Asimismo, informaron que deben pagar extorsiones regulares a los grupos del crimen organizado y advirtieron que, si las instancias gubernamentales no son capaces de ofrecerles una protección efectiva, nos vamos de la ciudad. Significativamente, en desplegados aparecidos en la prensa local, los empresarios restauranteros, de la construcción y otros sectores sociales, como la Iglesia, expresaron su solidaridad con los galenos y se sumaron a la exigencia de seguridad.

Este hecho, aunado a las marchas contra la violencia que han tenido lugar en Michoacán –y en las que no han faltado muestras de respaldo a la organización delictiva La Familia– dan cuenta de una creciente exasperación de las poblaciones afectadas por las confrontaciones entre grupos delictivos, y entre éstos y las fuerzas públicas, policiales y militares, que proliferan en diversas regiones del país, en el contexto de la guerra emprendida hace cuatro años por el gobierno federal contra la delincuencia organizada.

Tanto en Michoacán como en Chihuahua, diversos sectores sociales se han manifestado por la salida de sus localidades de los contingentes oficiales, y han señalado que la presencia de éstos, lejos de resolver la violencia, la ha multiplicado y extendido, y ha dado pie a múltiples violaciones a los derechos humanos.

El gobierno federal, en vez de escuchar tales reclamos, ha intensificado los despliegues de tropa y de policía, y es razonable suponer que, si prosigue tal tendencia, la inconformidad ciudadana habrá de incrementarse.

En el caso de la localidad fronteriza, no puede sino concederse la razón a los grupos sociales crispados por la ineficacia de las autoridades para enfrentar a la criminalidad. Cuatro años son demasiado tiempo para imponer el estado de derecho en una ciudad como Juárez, y tal objetivo parece, sin embargo, en el marco de la estrategia vigente de seguridad pública, cada vez más lejano. Por lo demás, el auge delictivo en esa urbe no empezó con la administración calderonista sino, cuando menos, diez años antes de que ésta se iniciara: ya a mediados de los años 90 del siglo pasado existía un clamor social en demanda de que las autoridades resolvieran los feminicidios que ocurrían allí y que detuvieran la racha bárbara de asesinatos de mujeres. Es decir, los juarenses vienen padeciendo desde hace tres lustros una criminalidad desbocada y creciente, sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de ponerle un freno efectivo, a pesar de la mucha palabrería empeñada, de los aparatosos despliegues policiales y militares, de las visitas de altos funcionarios a la localidad y de la invención de programas, siglas y acciones que han resultado ser mera escenografía, cuando no medidas que desembocan en agresiones adicionales contra la población. Pero los feminicidios continúan, las masacres de jóvenes prosiguen, los combates en plena calle siguen siendo el pan de todos los días, y la extorsión, el secuestro y el asalto, lejos de reducirse, se generalizan.

Desde esta perspectiva, la irritación de los juarenses, que ya cuentan a sus muertos por miles, no resulta, en forma alguna, sorpresiva; lo sorprendente sería, en todo caso, que no haya cundido aún hasta niveles extremos de repudio a las instancias gubernamentales. En esa paradoja se ponen de manifiesto tanto la inadmisible inoperancia de las estrategias oficiales contra el crimen organizado como la civilidad y la contención de una sociedad agraviada por la delincuencia y por las propias autoridades.