La Cámara de Diputados votará hoy el desafuero del diputado perredista Julio César Godoy Toscano, una vez que la sección instructora determinó –por unanimidad de sus cuatro integrantes– que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero permiten declarar que ha lugar a proceder penalmente.

En su dictamen, la sección instructora dio por válidos los argumentos del Ministerio Público Federal de que Godoy Toscano recibió dinero de La Familia para financiar la campaña del ex alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Gustavo Torres Camacho, y para informar de los operativos federales en contra de ese cártel.

También aceptó que Godoy Toscano presuntamente forma parte de una red de vínculos entre los presuntos narcotraficantes Rafael Cedeño Hernández, Servando Gómez, La Tuta, y Nazario Moreno González, El Chayo, quien de acuerdo con el gobierno federal fue abatido en el operativo de la Policía Federal Preventiva en Apatzingán la semana pasada.

El dictamen rechazó los alegatos de Godoy de que sus percepciones, además de su paso por la alcaldía de Lázaro Cárdenas, se explican por sus actividades de empresario de torneos de gallos, ganadería y agricultura, administración de bienes de mi difunto padre (e) ingresos por concepto de préstamos.

La PGR refirió, en el periodo de presentación de pruebas, que entre enero de 2006 y junio de 2009, en las cuentas bancarias 9003468358 y 90553395827 de Banamex y 6166246422 de HSBC, Godoy Toscano realizó depósitos y movimientos hasta por 24 millones 579 mil 948 pesos, cuyo origen no pudo probar y que no acreditó su legal posesión debido a que no presentó declaración de impuestos por esos ingresos.

Entre las pruebas ministeriales que se aportaron a la Cámara, se da validez a las declaraciones de testigos protegidos, quienes dijeron a la PGR que el diputado perredista “ingresó a La Familia al menos desde junio de 2004, año en que se llevó a cabo una reunión en la casa de Lorenzo Rosales Mendoza, hermano de Carlos Rosales Mendoza (entonces uno de los líderes del cártel del Golfo), en la que estuvieron Omar Lormendez Pitalúa, El Z10, Gustavo Torres Camacho y Julio César Godoy Toscano.

“En esa reunión se le hizo entrega a Omar de una bolsa que contenía 350 mil dólares, enviada por Nazario Moreno González, El Chayo, uno de los principales líderes de la organización delictiva, como apoyo para la candidatura de Torres Camacho. Evento en el que Godoy Toscano contó el dinero y expuso: ‘con ese billete ya ganamos la presidencia municipal, compadre’, dirigiéndose a Gustavo Torres.”

Ayer, en conferencia de prensa, la diputada perredista Mary Telma Guajardo –quien mantuvo escondido en su oficina a Godoy para que éste rindiera protesta el 23 de septiembre– aseveró que su grupo parlamentario aceptó retirar la inmunidad constitucional a Godoy Toscano al privilegiar la honorabilidad del partido y de la propia bancada.

Sostuvo que el voto en favor del desafuero se definió por el momento difícil que pasa el estado de Michoacán, que permaneció sitiado durante dos días por los recientes enfrentamientos.

Legisladores perredistas confirmaron que Godoy Toscano huyó y no se presentará a la sesión donde se aprobará el dictamen, la cual fue citada para las 16 horas de este martes, un día antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Sobre el paradero de Godoy Toscano, el coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, sostuvo: no tengo información. Estuvo aquí la semana pasada. No he vuelto a tener ninguna comunicación con él. Creo que debe de estar presente en el alegato para hacer su defensa. Es su responsabilidad, su derecho.

El presidente de la mesa directiva, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín), expresó que no es obligatorio que Godoy asista a la sesión para presentar su defensa, la cual puede hacer por escrito.

Al igual que lo define la sección instructora en su dictamen, Ramírez Marín sostuvo que en el desafuero a Godoy no existe ningún prejuicio. Se trata de un juicio a una persona. Si es culpable o no, corresponde (resolverlo) al Poder Judicial, no a la Cámara, con base en la investigación de la PGR. No se juzga la inocencia o culpabilidad de una persona, y mucho menos a un partido o su familia, declaró.