Para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como campo algodonero, que se refiere a los asesinatos de tres mujeres en  Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno federal ya resolvió siete de las recomendaciones realizadas por esa instancia, entre ellas la reparación económica del daño, pero tiene pendientes por cumplir otras.

Tras apuntar lo anterior, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el ministro Alejandro Negrín, sostuvo que entre las medidas que habiendo sido ordenadas por la CIDH no se han cumplido hasta el momento son: continuar con los trabajos para la estandarización de los protocolos de investigación de los ministerios públicos, para que se rijan conforme a normas internacionales en la materia, e investigar y sancionar de manera adecuada a quienes cometen delitos de violencia sexual y de género.

Las víctimas

El diplomático recordó que en 2001 fueron hallados en un campo algodonero en Ciudad Juárez los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 20. Debido a que hubo diversas irregularidades en las investigaciones del caso, se interpuso una queja ante la CIDH, la cual emitió una sentencia contra el Estado mexicano en diciembre de 2009.

En la inauguración de la mesa del diálogo para el cumplimiento del resolutivo 18 de la sentencia de la CIDH sobre el caso campo algodonero, que tuvo lugar ayer en la cancillería, indicó que, tras un año de haberse dictado la sentencia de este organismo internacional, el gobierno mexicano entregó el viernes pasado un informe en el que señala que ha cumplido con algunas de las recomendaciones que estaba previsto que se acogieran en el plazo de 12 meses, pero otras aún están en proceso, porque requieren de mayor tiempo.

Expuso que el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por esta corte, y ya concretó algunas, como son: proveer de asistencia médica a las víctimas; la difusión de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en diversas páginas web sobre derechos humanos, y adoptar acciones para que la Procuraduría General de la República encabece un grupo de trabajo para intercambiar bases de datos con laboratorios forenses y para el rastreo de información en el registro nacional de personas extraviadas y el banco nacional de datos sobre casos de violencia contra las mujeres.

Negrín expresó que ya se hicieron las gestiones para disponer del terreno en el predio denominado campo algodonero, para la construcción del monumento conmemorativo ordenado por la Corte, y se llegó al acuerdo de que tanto la develación como el reconocimiento de responsabilidad se realizarán el 8 de marzo de 2011; además, que la Secretaría de Goberanción, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llevó a cabo un complejo ejercicio que hizo posible la reparación económica a todas las víctimas.

Sin embargo, las medidas que han sido ordenadas por la CIDH y no se han terminado hasta el momento son: los trabajos para la estandarización de los protocolos de investigación de los ministerios públicos, para que se rijan conforme a normas internacionales, y la aplicación de sanciones a quienes hayan incurrido en delitos de violencia sexual y de género, entre otros.

Indicó el funcionario que, con el apoyo de la Unión Europea, la cancillería contrató tres expertos en el tema, como el doctor Samuel González Ruiz, Efraín, Nieves y Teresita Gómez de León, quienes han trabajado en un índice de protocolo modelo, con el propósito de avanzar en el establecimiento en México de estándares internacionales para investigar adecuadamente desapariciones, homicidios y todos los actos contra las mujeres, y que tocará a la PGR analizar los resultados para desarrollarlos y proyectarlos a escala nacional.