Martín Esparza y su grupo recibieron la toma de nota (reconocimiento oficial de la Secretaría del Trabajo) como dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la Secretaría de Gobernación. Por su parte, Alejandro Muñoz, que encabeza la disidencia, se reunió nuevamente con funcionarios para gestionar el otorgamiento de contratos para que los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) se conviertan en proveedores del gobierno federal.

“Si (en ese trámite para dar la toma de nota) la Secretaría del Trabajo se pasó la ley por el arco del triunfo, allá el secretario (Javier Lozano) y su conciencia.

Es contradictorio que ahora apoye a un sindicato que pretendía eliminar con la extinción de LFC, pero entiendo que él tiene sus propios intereses políticos y personales, señaló Muñoz.

De acuerdo con el disidente, tan sólo los cuatro contratos relativos a tableros (supuestamente ya aprobados) tienen un valor superior, en conjunto, de 523 millones de pesos, para dar empleo a poco más de mil 200 personas.

La meta general, sustentada en la propuesta gubernamental, es que la creación de cooperativas y empresas –algunas en el sector eléctrico y otras en servicios administrativos– genere unas 6 mil plazas para ex empleados de LFC.

La inversión inicial, precisó Alejandro Muñoz durante una entrevista, será en sociedad con empresarios, porque para empezar a operar se requiere en algunos casos garantizar inversiones o tener propiedades que avalen fianzas por 50 millones de pesos.

Añadió que el grupo político que encabeza definirá este miércoles un plan de acción, luego de que la Secretaría del Trabajo hizo efectivo el reconocimiento jurídico a Esparza.

Sin embargo, insistió en que su prioridad no es la toma de nota, sino la obtención de contratos, con base en los cuales sus ex compañeros en LFC puedan tener empleo.

Precisó que las primeras contrataciones serán en la primera semana de enero, y que el espectro inicial son cinco talleres no vinculados al sector eléctrico, así como seis empresas: para servicio de poda, un call center, cables subterráneos y digitalización de postes.

En tanto, la subsecretaria de la Función Pública, Elizabeth Yáñez, presente en la Secretaría de Gobernación, confirmó que los ex trabajadores de LFC tendrán condiciones diferentes para obtener los contratos, con base en el sistema de puntos, es decir, dar autorizaciones de acuerdo con la especialidad de los interesados en las obras o servicios públicos a licitar.