El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo ayer que se impugnó el ilegal recuento que se llevó en 10 secciones mineras para quitarle los contratos colectivos de diversas unidades y entregárselos a Carlos Pavón, y aseguró que Grupo México no va a poder reiniciar operaciones en Cananea en febrero del 2011, hasta que se siente a negociar.

En una videoconferencia de prensa desde Canadá, el dirigente, dijo que la estrategia del secretario del Trabajo, Javier Lozano, es ir creando sindicatos de protección o blancos alrededor del sector minero, para quitarle contratos colectivos a la organización nacional, por lo que pidió que le hagan un examen sicológico al funcionario, para ver el origen del odio a las organizaciones obreras.

Recordó que incluso la organización planteó un juicio político contra Lozano porque no se puede gobernar abusando del poder

En la conferencia, el abogado Marco del Toro indicó que prácticamente sólo quedan pendientes dos impugnaciones para que Gómez Urrutia quede libre de todos los cargos por los que ha sido demandado en varios estados y para que pueda regresar al país. Se procurará que sea lo más pronto posible.

Este sindicato reta abiertamente al gobierno de México a que cumpla con la petición de extradición de Gómez Urrutia al gobierno de Canadá, lo que no ha podido hacer en dos años porque no tiene argumentos legales. Lo deseable es que inicien esta solicitud para demostrar ante los tribunales canadienses la ilegalidad de las demandas contra el dirigente, dijo el representante legal de la organización.

Gómez Urrutia expresó que está a punto de pasar este fin de año en México, ya que quedaron totalmente terminadas y resueltas a favor del dirigente las demandas que había contra él en San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León y Distrito Federal, según resoluciones judiciales; también ganó el amparo por las acusaciones de lavado de dinero.

El dirigente planteó que en este año no hubo muestra alguna de cambio en la perversa persecución política del gobierno federal contra el gremio minero, y que en cambio se intensificó la demencial pretensión infructuosa de acabar con el sindicato. Sin embargo, aseguró que el gobierno federal y empresas antisociales, como Grupo México y Grupo Peñoles, no van a poder exterminar la organización, ni aun con el reciclado de denuncias y manteniendo congeladas desde 2006 las cuentas bancarias del gremio y hasta las personales de sus líderes.

En este sentido indicó que la organización que encabeza ya presentó un amparo contra el ilegal recuento que se llevó a cabo en 10 secciones mineras del país que tienen relaciones laborales con empresas del Grupo Peñoles, el cual estuvo amañado y se hizo a todo vapor para entregar estas secciones “al sindicato blanco que encabeza Carlos Pavón, el cual obtuvo el registro sin tener trabajadores, sin que llevara a cabo convención o asamblea alguna, sin estatutos y sin contratos colectivos”.