yer, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 a la activista Isabel Miranda de Wallace, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, censuró la falta de atención, de sensibilidad, la lentitud y la ineficacia de las corporaciones policiacas y las instancias de procuración de justicia en el país, y lamentó la impunidad que se ha incubado en todas las instancias competentes de la seguridad y la justicia en México, lo cual permite operar a la delincuencia. Agregó que uno de los grandes desafíos pendientes en el sistema de procuración de justicia en el país es garantizar los derechos de las víctimas, toda vez que la nuestra ha sido una legislación y un sistema que se ha concentrado en los derechos del procesado.

Por principio de cuentas, el celo crítico de última hora exhibido por Calderón contra la impunidad, la descomposición y la corrupción institucionales resulta extemporáneo, pues la atención de esos flagelos debió asumirse como un paso previo y obligado antes de involucrar al país en una guerra contra la delincuencia que ha resultado tan cruenta como ineficaz. Adicionalmente, al reconocer la labor de Isabel Miranda de Wallace y presentarla a la opinión pública como un ejemplo a seguir, el gobierno federal incurre en una confesión implícita de su propia ineptitud y exhibe una claudicación inaceptable a sus responsabilidades básicas: a fin de cuentas, la presidenta de la organización Alto al Secuestro hubo de erigirse en protagonista de la investigación y en motor de la procuración de justicia porque, en el caso de su hijo secuestrado y asesinado, las autoridades no pudieron o no quisieron realizar esas tareas que, por ley, les corresponden.

Por otra parte, estos señalamientos se inscriben en un manejo distorsionado e impreciso del tema de los derechos humanos en el discurso oficial, como queda de manifiesto con la contraposición entre las garantías de las víctimas y las de los presuntos victimarios –como si hubiera una relación inversa entre unas y otras– y con la insistencia en caracterizar a las organizaciones delictivas como la principal amenaza a los derechos fundamentales. Al respecto, es importante recordar que las violaciones de las garantías individuales están intrínsecamente relacionadas con acciones u omisiones del Estado, no con las actividades de los grupos delictivos, y que en el caso de nuestro país las autoridades suelen atropellar tanto a las víctimas del delito como a los presuntos delincuentes.

Un ejemplo reciente de estas vejaciones es la cometida contra el adolescente Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, presunto integrante del cártel del Pacífico Sur, quien fue exhibido ante los medios de comunicación por elementos del Ejército Mexicano, en flagrante violación a su derecho, en tanto menor de edad, a resguardar su identidad. A este episodio se suman las numerosas denuncias de tortura y maltrato contra detenidos, las confiscaciones efectuadas por la autoridad sin apego a los procedimientos estipulados por la ley, los montajes mediáticos realizados por las instancias de seguridad pública, la violación sistemática del principio de presunción de inocencia, la realización de aprehensiones y de allanamientos sin las órdenes judiciales correspondientes y las incontables muertes no esclarecidas a manos de efectivos de la fuerza pública.

En la circunstancia nacional presente resulta imperativo recordar que la tarea irrenunciable del Estado de combatir a la delincuencia no excluye de ninguna manera la obligación de velar por las garantías individuales de todos los ciudadanos –independientemente de su situación jurídica– y de vigilar que las acciones de la autoridad se desarrollen en el marco de la ley. En cambio, la contraposición actual entre la pretendida intención de imponer el estado de derecho y la violación recurrente del mismo por parte de las autoridades constituye una razón adicional para demandar el viraje y la reformulación radical de la estrategia de seguridad en curso.