Caracas, 17 de diciembre. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este viernes una ley que facilita las nacionalizaciones de bancos y los somete a amplios controles estatales, a pocos días del cambio de legisladores que limitará la influencia del gobierno en el órgano.

La ley forma parte de un extenso paquete que se discute de manera extraordinaria y en sesiones permanentes en el poder legislativo, mediante las cuales el presidente Hugo Chávez logró obtener facultades especiales para lanzar decretos sin consulta pública.

En los últimos dos años, Chávez ha incrementado la participación del Estado en el sector financiero, que ya maneja casi la mitad de los depósitos del sistema y es dueño del principal banco del país.

Y, aunque pocos creen que extenderá una nacionalización a toda la banca, debido a la poca capacidad del gobierno para controlar una industria compleja, los analistas ven un riesgo latente.

Los bienes de la banca serán del Estado en caso de que se ejecute la decisión. Es un derecho que está allí, lo tienen, lo pueden usar, en cualquier momento, explicó a Reuters el analista bancario César Aristimuño, de la firma local Herrera, Aristimuño y Asociados.

La norma otorga al mandatario poderes sobre el sistema iguales a los de las autoridades rectoras, mientras le da competencia al Estado en temas sensibles para el funcionamiento de las instituciones como el nombramiento del directorio, su nivel de crecimiento o la división de sus carteras.

El cuerpo legislativo, controlado por partidarios de Chávez, sancionó la norma durante la madrugada y justificó la medida al sostener que es necesaria para evitar irregularidades financieras que pongan en peligro la salud del sistema.

Desde fines de 2009 hasta julio de 2010, las autoridades han intervenido 12 pequeñas y medianas entidades financieras, en su mayoría propiedad de empresarios vinculados al gobierno, acusadas de irregularidades y lavado de dinero.

Los problemas financieros de las instituciones bancarias intervenidas entre los años 2009 y 2010, surgieron, entre otros aspectos, por la existencia de un marco normativo y regulatorio muy laxo y flexible, dice la exposición de motivos de la ley.